TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 12 de septiembre 2020.- Ejecutivos de unas 33 em­presas serían citados por la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca) con relación a la compra de 11,500 millones de pesos de hormigón asfáltico ca­liente por parte del Minis­terio de Obras Públicas (MOPC).

Dichas  empresas son las que suministraron el material al MOPC, cuyos accionistas también serían llamados a declarar por el equipo que dirige el procu­rador adjunto Wilson Ca­macho, titular de la PEPCA.

Según el periódico Listín Diario, entre ellas figuran A.R.I Servicios Múltiples SRL, Alba Sán­chez y Asociados, Anti­gua Investments, Antillean Construcción Corporation, Asfalto del Cibao, Asfal­to del Norte, Constructora Aguilera Quezada, Cons­tructora AG, Constructora Caliche.

También las constructoras Manzan, Mar, Sánchez Ellis, Rizet y Asiciados, Corporación de Asfaltos (COA), Empresa Construc­tora de Obras Viales Eco­vial, Equipos y contruccio­nes del Cibao (ECOSISA), Fayette y Genao (FAGEN­CA), Gil+Gil Constructora, IDC Construcciones, Iemca División Construcciones Ci­viles, Ingecomsa, Ingenie­ria e Inversiones Globisa, Ingenieria Estrella, Ingenie­ros Arquitectos.

Asimismo, Daniel Me­dina & asociados, Inver­siones Boavista, Malespin Constructrora, Moll, Multi­Hierros & Construcciones, Multicon Construcción en General, Pepsoltech Cons­trucciones, Saipan y Con­sorcio de Asfalto & Cons­trucciones Aslfalcon.

La compra del hormigón asfáltico caliente se produjo en plena campaña electoral y du­rante la gestión en Obras Públicas de Gonzalo Castillo, quien luego fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).  Medios de prensa han dicho que fue realizada violando normas administrativas y sin que fuera ella ninguna licitación.

Dice el referido periódico que el titu­lar de la Pepca y un equi­po de fiscales asignados a aún departamento se encuen­tran analizando la docu­mentación entregada por el director general de Con­trataciones Públicas, Car­los Pimentel, y la directora general de Ética e Integri­dad Gubernamental, Mi­lagros Ortiz Bosch.