TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, San Salvador, 13 de octubre, 2020.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamó corruptos a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras conocerse este lunes tres fallos que, a su juicio, son “contra el Gobierno”.

“Es una lástima para nuestro país que tengamos a los magistrados corruptos y vendidos de la Sala de lo Constitucional”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Esto fue en reacción a tres resoluciones emitidas por los jueces constitucionales relacionados con una denuncia por una supuestas evasión de impuestos contra una empresa, el retraso en el pago de salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa y las diligencias para acceder a archivos militares como parte del proceso penal por la masacre de El Mozote (1981).

“Recuerden, cuando les digan que ‘protegen la Constitución’, el ‘Estado de derecho’, la ‘institucionalidad” y la ‘separación de poderes’, en realidad se refieren a: mantener sus privilegios, su poder y dejar a nuestro país saqueado, mientras el dinero ya no cabe en sus bolsillos”, añadió Bukele.

La Sala de lo Constitucional admitió una solicitud de amparo de la empresa Intratext, acusada por el Gobierno de evadir 5,3 millones, y ordenó como medida cautelar la suspensión temporal del proceso penal hasta que se dé un fallo.

Los jueces también ordenaron al Ministerio de Hacienda realizar las acciones necesarias para evitar un nuevo atraso en el pago de los salarios de los empleados legislativos y exigió la presentación de informes que justifiquen el mismo.

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa anunció el martes de la semana pasada que denunciará ante organismos internacionales al Gobierno de Bukele por el atraso en el pago de sus salarios, que ya fueron cancelados, mientras que la Fiscalía abrió una investigación.

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional dio respaldo constitucional al juez del caso por la masacre de El Mozote, perpetrada por el Ejército en 1981, al rechazar un amparo del ministro de Defensa, René Merino Monroy, que buscaba frenar la inspección de archivos militares.

La decisión de la Sala se conoce el mismo día en que el Ejército de El Salvador bloqueó por segunda vez una diligencia judicial para la búsqueda de los archivos militares relacionados con la masacre de 1.000 campesinos, bajo el argumento que en el sitio se encuentran documentos secretos.

Con su recurso, en lugar de lograr bloquear la diligencia judicial por una vía legal, el ministro de Defensa consiguió que los jueces de la Sala, que no pueden actuar de oficio, crearan jurisprudencia constitucional que respalde la inspección de archivos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Cerca de una veintena de jueces y magistrados de diversas instancias de El Salvador denunciaron el pasado 22 de septiembre ante un relator de las Naciones Unidas las “graves violaciones a la independencia judicial” atribuidas a funcionarios del Gobierno y “especialmente” al presidente Bukele.