TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 10 de noviembre 2020- Las Comisiones permanentes de Hacienda y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados recibieron la visita de Pavel Isa, viceministro de Economía Planificación y Desarrollo, Circe Almánzar, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), Estefanía Gómez, directora ejecutiva y Luis José Tavares, ambos de la Asociación Dominicana de Empresa Fronterizas (ADEFRO) y Ruth de los Santos del Ministerio de Hacienda, donde conversaron con relación al proyecto de ley, donde se solicita ampliar el período de exenciones fiscales contemplado en la Ley 28-91.

Ese proyecto que solicita dicha ampliación, fue iniciado en el Senado el pasado mes de septiembre y aprobado en el mes de octubre, es de la autoría de los senadores, Dionis Sánchez, Casimiro Antonio Marte y David Rafael Sosa.

El encuentro fue encabezado por el diputado José Santana Suriel (Bertico), quien manifestó que esas Comisiones estaban apoderadas para el estudio de ese proyecto de ley que busca una extensión a 30 años de la Ley 28-01, recibió a los invitados a fin de escucharles.

“Este proyecto ha generado muchas controversias con relación a su aplicación, por lo que la comisión ha decidido consultar a todos los sectores, a fin de sacar de este Congreso Nacional una iniciativa de ley, en cuanto a la modificación se refiere, que tenga consenso de todos los actores”, dijo.

El legislador manifestó que ambas comisiones han estado trabajando de manera incansable, a fin de que la misma pueda llevar el desarrollo, no solo de la frontera, sino del país, ya que lo que se produzca desde la frontera, debe repercutir a nivel nacional.

Santana dijo además que en el Congreso se ha decretado como una prioridad esa modificación, tantos por los senadores fronterizos, como por los diputados.

“El proceso está avanzando, hay algunas posiciones encontradas, pero ya cada quien ha dejado sus observaciones y estamos prestos a conocerlas esta misma semana”, finalizó.

De su lado Celso Juan Marranzini dijo que están muy conscientes de la necesidad e importancia de que las provincias fronterizas sean desarrolladas para bien del país.

“Sin embargo nosotros tenemos observaciones en cuanto a la redacción del proyecto de ley, ya que con una redacción menos específica se da pie a que existan menos distorsiones, que exista inseguridad jurídica, que exista competencia desleal, que no es lo que se busca”, sostuvo.

Argumentó que lo que se busca es generar empleos en esa zona y dar incentivos a las empresas que se instalen ahí, a transformar, a generar valor agregado, a producir a exportar, “pero si detrimento a otras zonas del país, que de hecho hoy en día se ven afectadas y en un proceso de supervivencia”.

“Nosotros no estamos opuestos a la Ley, lo que estamos opuestos es a que exista desde la Ley, empresas que se instalen en esa Ley para aprovecharse de espacios o puntos en blanco que deja la redacción actual, para hacer evasión fiscal y competencia desleal”, dijo.

Sostuvo que reconocen que dentro de la Ley hay inversiones importantes que se han generado, pero que es necesario que esa distorsión se elimine, para que la Ley dé seguridad jurídica y elimine la posibilidad de crear competencia desleal y evasión en el resto del país.

Mientras que José Luis Tavera de ADEFRO, subrayó que estaba en representación del colectivo de las empresas que están instaladas y en plena operación al amparo de la Ley 28-01, y que su propósito es ser consecuente con ese interés y trabajar en pro del respaldo de una extensión del plazo de la Ley que vence en febrero del 2021.

“Ante la inminencia de este hecho ADEFRO encuentra satisfactorio el proyecto de ley ya aprobado en el Senado, el cual extiende la extensión tributaria por los próximos treinta años”, dijo.

Taveras manifestó que ADEFRO tiene 15 empresas que están operando en la frontera, con entre 8 a 12 mil empleados directos y veintiocho a treinta mil empleos indirectos.

Dijo que en caso de no lograrse la extensión de ese periodo, ellos tendrían que emigrar ya que los sobre costos que implican la operación en una región remota, económicamente deprimida, sin infraestructuras, sin bases, ni plataformas de comunicaciones y sin empleados calificados, no le dejarían otra opción.

Negó que existan empresas operando en la región fronteriza, acogidas en la Ley, realizando operaciones fuera de la Ley.

“Esta Ley tiene diecinueve años, librando una batalla campal con el sector empresarial capitalino, quien se ha opuesto desde el primer momento a esta Ley y parte de los mitos que se han tratado de divulgar para desmeritarla aplicación de la Ley y boicotear sus objetivos, ha sido precisamente un argumento que no ha sido comprobado”, finalizó.
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