TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 15 DE FEBRERO 2021.  Un equipo de juristas de las Fuerzas Armadas inició un estudio crítico de la Ley 3483 que instituye el Código de Justicia que rige los Cuerpos Castrenses, con fines de actualizarlo y recomendar medidas que fortalezcan el sistema judicial militar.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Defensa, el instrumento jurídico data de 1953 y, entre otras modificaciones, se busca denominarlo Código de Justicia Militar, acorde a la actual Ley Orgánica (139-13).

Las posibles modificaciones conformarán un anteproyecto de Ley que sería sometido al Poder Ejecutivo y posteriormente al Congreso de la República.

La más reciente reunión para revisar el documento legal, fue supervisada por el inspector general mayor general José Manuel Castillo y Castillo, ERD., y estuvo encabezada por el director general del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa, coronel abogado Joaquincito Bocio Familia, ERD.

De acuerdo a instrucciones del ministro de Defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., los juristas deberán presentar una nueva propuesta a través de la cual queden claramente establecidas las normas y posibles aplicaciones.

Estas deberán ser entendidas y consideradas por las jurisdicciones ordinarias civiles, relativas a los hechos punibles (infracciones y delitos militares) que sean cometidos o donde se vean involucrados miembros de FF.AA.

La Jurisdicción Penal Militar de hoy, cuenta con el respaldo de una moderna Constitución del año 2010 y la Ley 139-13 (Orgánica de las Fuerzas Armadas) del año 2013.  Este ordenamiento jurídico se encuentra liderado en lo que respecta a la persecución e investigación del delito militar, por el Procurador General de las Fuerzas Armadas y por un Juez Superior Coordinador en materia jurisdiccional, ambos funcionarios tienen la obligación de supervisar y dirigir el fiel cumplimiento de la tutela jurídica efectiva y el debido proceso instituido en las Normas Sustantivas.

Todo ello, con la finalidad de asegurar al Alto Mando militar y a la sociedad en su conjunto, la subsistencia del bien jurídico protegido de las FF.AA., como garantía de la preservación y protección de los intereses nacionales y por ende de la seguridad y defensa de la Nación.

Entre quienes participaron de la reunión, se encuentran jueces de los tribunales militares, asesores y abogados del sistema legislativo militar en FF.AA., tales como el mayor general (r) Luis Antonio Luna Paulino, FARD., excomandante general FARD; el mayor general (r) Miguel A. Encarnación de la Rosa, ERD., magistrado juez.

También el coronel abogado Román Saldívar de la Cruz, ERD., en representación del director del Cuerpo Jurídico del ERD; el capitán de Navío abogado Lázaro A. Molina Franco ARD, procurador general de las FF.AA.; el cap. de Navío abogado Félix Q. Ferreras Méndez director del Cuerpo Jurídico, ARD., el Tte.  coronel abogado Helpis Rosado Guerrero ERD., juez superior coordinador de las FF.AA.

Asimismo,  el coronel Abogado Miguel A. Ramos Brito, FARD., director del Cuerpo Jurídico FARD; el mayor abogado Tenido Rodríguez Mateo, ERD., procurador fiscal adjunto 1ra. Instancia ERD; José Cruceta Almánzar magistrado juez, exjuez de la Suprema Corte de Justicia; Alexis Arias Pérez, magistrado juez. Poder Judicial; Juan Manuel Rodríguez, magistrado juez; el teniente coronel Abogado Miguel  Z. Medina Caminero, ERD., juez de Instrucción 1ra. Instancia, ERD., y el diputado Miguel Ángel de los Santos.