Porla redacción

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 26 DE ABRIL 2021.- El Ministerio Público depositó el lunes la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adams Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros tres apresados el sábado como parte de la primera fase de la “Operación Coral”, fruto de una amplia investigación por corrupción, asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado.

Fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se presentaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional con el auto en el que piden un año de prisión preventiva contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia y la pastora Guzmán Sánchez, además de Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

La vista de medidas de coerción fue fijada para el miércoles a partir de las 11:00 de la mañana, de acuerdo a una nota informativa envida por la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduria General de la República a la redacción del periódico Tras las Huellas Digital.

Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien encabezó el equipo que depositó la instancia de más de 200 páginas, declaró en el palacio de justicia de Ciudad Nueva que los hechos atribuidos a estas cinco personas son el fruto de meses de investigación. Al responder preguntas de la prensa, indicó que los fiscales han realizado amplias indagatorias “para poder presentar una solicitud de medida fuerte, con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva” para todos los imputados.

La Pepca, que coordina la Operación Coral junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó también que el tribunal declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.

Agregó que fruto de los 27 allanamientos realizados durante el fin de semana en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.

“Tenemos inmuebles en Colinas del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de inmuebles” en varios lugares de la geografía nacional, avanzó Ortiz, quien dijo, sin embargo, que la estimación económica está todavía en proceso, a fin de determinar los montos con que ha sido defraudado el Estado.