Intimarán por acto del alguacil al Ministro de Educación, Roberto Fulcar
Por la redacción
TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 31 DE MAYO 2021. -La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), imploró al ministro de educación, Roberto Furcal, el cerrar las escuelas ante el aumento descomunal del Covid-19, y la confirmación de nuevas y más contagiosas cepas de la enfermedad.
La entidad cívica reiteró por tercera vez, lo peligroso en que se ha constituido la imprudencia del ministro y otros funcionarios del gobierno, al insistir y abrir las clases presenciales, faltando menos de dos meses para la conclusión del año escolar, todo ello pese a la oposición generalizada de diversos sectores de la sociedad dominicana, y lo pero aun comprometiendo su responsabilidad, tanto penal, como civil, por los estragos, muertes y aumento de la pandemia.
Asimismo, Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, pidió a Fulcar, el recapacitar y pensar en la salud del pueblo dominicano, máxime que, por la composición estadística de los diversos segmentos poblacionales, que convergen en las escuelas, se facilita una mayor expansión del contagio del coronavirus, abarcando e infectando lugares, en los cuales, hasta el momento, no se ha presentado mucha incidencia de la enfermedad.
Potentini, sugirió a educación y salud pública, el empezar a desarrollar por medio de campañas promocionales y acciones concretas, la adopción de las pautas previstas por la UNESCO y la UNICEF, en el documento denominado, Marco Global para la Reapertura de las Escuelas, un conjunto de directrices, que permitirían, con la logística y los protocolos de rigor, el aperturar en el mes de septiembre, si así la circunstancia lo permiten, las clases presenciales, pero siempre garantizando el derecho a la educación y con prioridad la salud pública.
Finalmente, la FJT informó que, en los próximos días, estará poniendo en mora, mediante acto de alguacil, al ministro de educación, Roberto Furcal, advirtiéndole que sería pasible de sometimiento judicial, por los daños que pudiera generar el Covid-19, en la población dominicana, como consecuencia directa del manejo irracional e imprudente, al tener las aulas abiertas, con el llamado oficial a clases presenciales, exponiendo el país a una catástrofe sanitaria.