TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, WASHINGTON, 29 de julio, 2021.- La Casa Blanca anunció este jueves que obligará a los más de 4 millones de trabajadores del Gobierno estadounidense a mostrar una prueba de vacunación contra la covid-19 si no quieren someterse a test de forma regular, ante el avance de la variante delta en el país.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Pentágono que añada la de la covid-19 a la lista de vacunas obligatorias para los militares estadounidenses, dado que éstos están desplegados “en todo el mundo”, incluido en lugares donde la enfermedad está muy extendida, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden también tenía previsto proponer este jueves que los estados, territorios y localidades ofrezcan una recompensa de 100 dólares a quienes se vacunen.

El anuncio de Biden sobre los trabajadores gubernamentales supone un intento de ir todo lo lejos que le permite su autoridad a la hora de impulsar la campaña de vacunación en Estados Unidos, que se ha ralentizado notablemente en los últimos dos meses.

El presidente no puede ordenar a todos los estadounidenses que se vacunen, algo que únicamente podrían hacer los Gobiernos estatales y locales y que sería muy polémico en un país como Estados Unidos, donde la libertad individual se valora enormemente.

Lo que sí puede hacer es emitir un mandato para quienes trabajan para el Gobierno federal, aunque no ha querido llegar hasta el punto de obligarles a vacunarse, sino que ha querido darles una “opción” de no hacerlo si realmente se niegan, según la Casa Blanca.

No obstante, quienes no muestren una prueba de vacunación deberán “llevar una mascarilla al trabajo” y someterse a tests de covid-19 de forma “semanal” o incluso dos veces por semana, indicó la residencia presidencial.

Además, deberán mantener distancias físicas respecto al resto de empleados y visitantes y quedarán sujetos a “restricciones en cuanto a sus viajes oficiales”, añade la nota.

Esas reglas se aplicarán a los más de 4 millones de trabajadores federales en Estados Unidos y el resto del mundo, y el Gobierno implementará “estándares similares” para todos los contratistas de la Administración.