MICM avanza en la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias
TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 19 DE AGOSTO 2021.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que avanza en la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), aprobado en la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias y sus modificaciones.
El MICM indicó que, mediante la Ley No.170-21, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la Ley 45-20 hasta el 20 de enero de 2023, a la vez que modificó el artículo 51 para precisar que la implementación del SEGM quedará a cargo del MICM, entidad que contratará la prestación de los servicios de administración y desarrollo del mismo, o podrá adquirir un software especializado para la operatividad del mismo.
De igual manera, quedó establecido que el proceso de contratación será realizado bajo la figura de alianza público-privada acorde a los criterios establecidos en la Ley General de Alianzas Público-Privadas No. 47-20. La iniciativa relativa al SEGM fue recientemente declarada de interés público por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas mediante resolución No.6-2021 y se espera dar apertura oportuna al proceso competitivo acorde a lo dispuesto en el marco legal vigente y sobre el cual se mantendrá debidamente informados a los interesados.
Asimismo, el MICM indicó que la propuesta de Reglamento de Aplicación de la Ley 45-20 se encuentra en proceso de consulta pública hasta mediados del mes de septiembre de este año, sobre la cual la entidad manifestó que mediante un ejercicio de transparencia, toda la información relacionada a dicho reglamento ha sido colgada en su página web (micm.gob.do).
Sobre la Ley 45-20
La Ley 45-20 establece el marco jurídico del régimen de garantías mobiliarias en el país, sustentado en una plataforma electrónica a través de la cual se harán públicos los avisos que contienen la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias. Dicha plataforma, denominada SEGM, es necesaria para centralizar, publicar y transparentar las operaciones garantizadas que sobre bienes muebles se realicen en el país.