TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 19 DE AGOSTO 2021.- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) detuvo acciones de depredación de árboles, alteración y contaminación de ríos en la provincia Duarte, incluida una represa ilegal que le limitaba el agua al distrito municipal Sabana Grande, en el municipio Eugenio María de Hostos.

En coordinación con otras instituciones, el Ministerio Público fiscalizó la represa que se valía de un conjunto de tubos y una bomba extractora para sacar el agua de un río del lugar.

De acuerdo con lo informado por Juana María Brito Morales, procuradora general de corte ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la provincia Duarte, fruto de la contención, las aguas “solo pasaban por encima del muro de concreto”.

Por tanto, la obra no autorizada dejaba “sin uso del agua del río a la comunidad de Sabana Grande”, lo que había sido denunciado por los comunitarios a través de los medios de comunicación.

En el operativo participaron representantes de otras instituciones, como Carmelo Polanco Palmer, director del Departamento Provincial Duarte de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el mayor Bienvenido Adames Belén, inspector provincial del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Esta procuraduría especializada también visitó el municipio Villa Riva, donde una persona excedió la cantidad de árboles que el Ministerio de Medio Ambiente le había autorizado a cortar, afectando un río que bordea el terreno, además de realizar un relleno, con el aparente objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario.

La magistrada Juana María Brito Morales informó que dicho relleno provocó inundaciones que afectan a viviendas vecinas.

Asimismo, indicó que en la sección Los Cachones, donde opera una fábrica de pieles y suelas, cuyas aguas servidas se depositan en un arroyo cercano.

Además, en la sección Guiza, del municipio de San Francisco de Macorís, se construyen varios locales en violación a la normativa relativa a la distancia de los 30 metros de una fuente acuífera.

Asimismo, el Ministerio Público especializado en delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales detectó en torno al río Guisa un proyecto paralizado, “donde se desvió de forma grave el cauce de una fuente acuífera y, en un cauce natural, donde corría el río, se abrió una trocha”.