Por la redacción

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, Santo Domingo, REPÚBLICA DOMINICANA, 26 de septiembre, 2021. La ex jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez mostró su oposición a que se reduzca la cantidad de nueve votos necesarios para que esa alta corte pueda emitir una sentencia, como se está planteando en algunos aspectos de la propuesta de modificación a la Constitución de la República que ha hecho el Poder Ejecutivo.

Miguelina Jiménez dijo que favorece la modificación del texto sustantivo para la designación de un Ministerio Público independiente, pero no en lo atinente al Tribunal Constitucional, en los términos anteriormente citados.   La jurista sostiene que debe permanecer la mayoría calificada de nueve votos en todas las materias, a la vez que dijo no entender cuál es el criterio para que en una sentencia se requieran los nueve votos, y en otras no.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la académica recordó que todas las decisiones de dicho tribunal tienen los mismos efectos.   Precisó que dichas sentencias son vinculantes para todos los poderes públicos y son adoptadas en el ordenamiento jurídico dominicano.   “La Constitución de la República estableció una mayoría calificada de nueve jueces porque es que las decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional son sumamente importantes que no deben ser adoptadas ni a la carrera, ni para complacer a nadie”, explicó.

Dijo que lo que se está proponiendo en esta ocasión es que para ciertas materias permanezca esa mayoría calificada de nueve votos, como en acción directa de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales, conflictos de competencias, pero para los casos de revisión de sentencias de amparo, y de las suspensiones de sentencias, se remita al legislador a los fines de que pudiese ser determinada una mayoría menor a los nueve votos que se requieren en la actualidad, para lograr que las decisiones salgan con mayor rapidez.

“Sin embargo, yo tampoco estoy de acuerdo con ese aspecto, yo entiendo que debe permanecer esa mayoría calificada de nueve votos en todas las materias, y no entiendo cuál sería el criterio para en una sí, y en otras no”, reiteró la académica y doctrinaria.   Katia Miguelina entiende que, si todas las sentencias del Tribunal Constitucional tienen las mismas consecuencias, también deben ser adoptadas con los mismos rigores.

“Y esa mayoría calificada, y lo digo por experiencia propia, ha sido una de las cosas, que si bien tiene sus aspectos negativos también lo tiene positivo, porque ha impedido que decisiones de gran envergadura y repercusión para la vida nacional, no sean adoptadas”, argumentó.   Puso como ejemplo el caso del prechequeo, un acuerdo con estados Unidos que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, que si hubiese sido con una mayoría simple ya hace rato que “nosotros fuéramos una colonia de los Estados Unidos de América con relación a dicho acuerdo”.

“Porque ya se hubiese adoptado, si hubiese sido por menos de nueve votos, entonces yo sigo insistiendo en que esa mayoría calificada debe permanecer como uno de los requisitos para la adopción de sentencias en el seno del Tribunal Constitucional”, recalcó.

En torno al Ministerio Público, Katia Miguelina dijo que, además de favorecer su independencia en la designación tanto para el titular de la Procuraduría como para sus adjuntos, se excluya al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asegura Ministerio Público saca provechos de la mediatización de expedientes sonoros que se ventilan en tribunales    Para Katia Miguelina Jiménez, quien fue presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el Ministerio Público saca provechos de la mediatización de casos sonoros que se ventilan en los tribunales del país.   “Bueno yo entiendo que el Ministerio saca provecho de eso, es decir le saca provecho porque se gana a la opinión pública con las noticias que muchas veces las cuelan, porque las cosas hay que decirlas como son, cuando se va a esos allanamientos hay detrás periodistas tomando fílmicas, y el Ministerio Público le saca provecho a eso, se gana el favor de la opinión pública antes que el caso llegue al magistrado”, aseguró la jurista.   Lamentó que, cuando el juez o jueces tienen que decidir ese caso, si no complacen las expectativas que ya han sido instaladas en la opinión pública, entonces los malos son los magistrados.

“Porque la noticia no es cuando el perro muerde al juez, si no cuando el juez muerde al perro, y el Ministerio Público saca provecho a esa mediatización y, bueno eso es una estrategia, le saca provecho porque se gana el favor de la opinión pública”, insistió la profesora de derecho.

Agregó que a la magistrada Mirian German le tiene un respeto tan grande que sería incapaz de decir algo en contra de ella, pero insistió en que las evidencias están ahí.

“Fíjese como una vez salen de la sala de audiencia esos fiscales, de una vez emiten opiniones y juicios a los medios de comunicación, fíjese como cuando se producen esos allanamientos nocturnos, y detienen en pijama a los involucrados e involucradas, de una vez los ciudadanos tomamos conocimientos porque hay personas allí de los medios de comunicación, y esos medios no tienen una bola mágica para saber dónde se están produciendo esos allanamientos”, aseveró.

Sostiene que, con eso no quiere hablar de la procuradora Mirian German ni de sus adjuntos, sino más bien es una crítica constructiva.  Dijo que el problema de la justicia y los medios de comunicación ha empeorado a raíz de la existencia de las redes sociales que tienen muchas incidencias porque la mayoría de las personas tienen dichas redes.

“Y hacen uso, muchas veces, de manera abusiva de las mismas, entonces siempre ha existido esa confrontación entre medios de comunicación y justicia, porque el tema de la justicia es una noticia muy apetecible por los medios de comunicación”, recordó.   Acotó que eso tiene sus razones, porque es una noticia gratis que no le cuesta nada a los medios de comunicación, que produce mucho morbo y le pueden sacar bastante provecho.

“Pero ahora con las redes sociales las cosas van empeorando, porque tienen una difusión incontrolable, que no es lo mismo que un canal de televisión que tiene, mal que bien, una ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, pero en las redes no hay esa regulación y usted puede ver en un twitter, Facebook e Instagram como suben videos y opinan sobre lo que pasó en un caso determinado”, deploró Katia Miguelina.   Lamentó que en las redes sociales y medios de comunicación se instalan juicios paralelos, que no se limitan a emitir una opinión o a emitir una noticia respeto de un caso determinado, sino que asumen una posición determinada a favor o en contra del caso que se trata.

Dijo que eso trastoca los derechos del imputado o imputada, y ahí convergen muchísimas violaciones constitucionales que requieren de un análisis y cuidado al momento de emitir opiniones, sobre todo porque eso va a tener repercusiones en los jueces que son los que están llamados a decidir.

Critica presidente SCJ designe juez de Cámara Civil para conocer acusaciones hace PGR a varios diputados.

La ex jueza Katia Miguelina Jiménez no ve correcto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia designe a un juez de la Cámara Civil para que instruya los casos de varios diputados que han sido acusados por el Ministerio Público de tener vínculos con el crimen organizado.

El magistrado Napoleón Estévez Lavandier fue designado por el presidente de la Suprema Luis Henry Molina para que conozca la acusación que hace el Ministerio Público a los diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz implicados en el caso Falcón, también conoce la imputación por lavado de activos a Rosa Amalia Pilarte.   “Mire si usted revisase casos anteriores, de años atrás, va a poder constatar que a los jueces de instrucción especial que ha designado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese momento, siempre lo era de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, eso lo estamos viendo ahora”, recordó Katia Miguelina.  Explicó que al magistrado que han designado ahora, si bien es una persona de muchas luces, muy preparado, autor de varias obras, pero es un experto en derecho civil.

“Esto no quita que lo pueda hacer, pero se le coloca en una situación difícil porque eso va a demandar de él un esfuerzo extra que no sucedería si hubiesen designado a un juez especialista en derecho penal”, dijo la reconocida académica.  Precisó que el magistrado Estévez Lavandier puede hacerlo, pero se le pudieran pasar “algunas cositas” porque no es experto en la materia.

“Y un caso como este ameritaba, por la importancia que tiene, no es que los demás casos no sean importantes, pero de este caso la sociedad espera muchas cosas, estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir, entonces pienso que debió designarse a un especialista en la Materia, reiteró.

Sobre el tema del escalafón judicial, Katia Miguelina dijo que la Asociación de Jueces Dominicanos par la Democracia ha incoado una acción de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo en aras de que ese tribunal pronuncie el cese de la amenaza latente que hay de modificar el reglamento e imponer un escalafón acorde con una resolución que modifica sustancialmente el que está vigente y que debe permanecer inalterable durante un año.