TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, ESTRASBURGO (FRANCIA), 27 DE ENERO, 2022. -La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó este jueves una resolución de urgencia en la que insta a los 47 Estados de la organización “a iniciar un debate público sobre la posibilidad de legislar para que la vacunación sea obligatoria”.

Esa recomendación deja abierta la puerta a que afecte “a grupos específicos o a toda la población”, y a que esa obligación no se aplique a personas que no pueden ser vacunadas por razones médicas y a menores.

Varios legisladores del Grupo de la Izquierda Europea intentaron, sin éxito, enmendar esa recomendación y eliminar la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria.

La APCE aprobó hace un año una resolución que pidió “garantizar que los ciudadanos estén informados de que la vacunación no es obligatoria y que nadie está sometido a presiones políticas, sociales o de otro tipo para vacunarse si no lo desea”.

El ponente del informe, el socialista austríaco Stefan Schennach, dijo que la resolución de este jueves “abre la posibilidad de abrir un debate sobre la obligatoriedad de la vacuna y que se debata en los parlamentos nacionales, sobre todo para aplicarlo a profesionales de la salud”.

Añadió que “no hay contradicción” entre sendas resoluciones, como habían interpretado los parlamentarios que querían enmendar el texto. La enmienda fue rechazada por 41 votos a favor y 55 en contra.

Otra enmienda contra las disposiciones legislativas que obliguen a vacunarse fue rechazada por un margen similar a la anterior.

La resolución salió adelante de forma más holgada, al contar con el apoyo de 86 parlamentarios, el voto negativo de 13 y la abstención de 10.

Aparte de animar a que se fomente la vacunación, el texto pide “pasar progresivamente a las mascarillas FPP2 en transportes públicos, lugares concurridos en interiores y exteriores, y escuelas”. Propone que sean gratuitas para los grupos vulnerables.

Solicita también que se garantice un “acceso libre, eficaz y sencillo” a la vacunación, y medidas eficaces para “luchar contra la desinformación, falsas informaciones y desconfianza” acerca de las vacunas anti-covid.

Quiere fomentar además el teletrabajo y garantizar la asignación de los fondos necesarios a los sistemas nacionales de salud, con el fin de “garantizar una remuneración adecuada para el personal sanitario y los servicios de atención social y salud mental”.