TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 6 DE ABRIL 2022.- Este pasado lunes 4 de abril, el Tribunal Constitucional celebró un encuentro con diversos directores de medios de comunicación social, periodistas y comunicadores, en el salón de eventos de un hotel de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en ocasión de la celebración del “Día Nacional del Periodista”.

Al referido encuentro asistieron los Magistrados Rafael Diaz Filpo, primer sustituto Presidente del TC, Víctor Joaquín Castellanos, José Alejandro Vargas Guerrero, María del Carmen Santana de Cabrera, Eunisis Vásquez Acosta, Alba Luisa Beard Marcos, y el Magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega.

Los magistrados Víctor Joaquín Castellanos, y José Alejandro Vargas Guerrero hablaron en representación del Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara.

En su intervención el Magistrado Vargas sostuvo, que “la libertad de expresión e información, no solo constituye el hecho de expresar libremente nuestras ideas, comunicar nuestros pensamientos o recibir información, sino que también, que el mismo a partir de su aplicabilidad, constituye un herramienta útil y hábil, para garantizar la transparencia, el empoderamiento social, y sirve como mecanismo ideal para que los ciudadanos ejerzan la fiscalización de los poderes públicos, lo cual les permite participar activamente y de forma ejemplar en la lucha contra la corrupción estatal.”

Destacó la importancia de la sentencia TC/0075/16, relativa a la acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley núm. 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, así como varios artículos del Código Penal dominicano, mediante la cual, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 46, 47 y 48 de la Ley núm. 6132, en virtud de que no es posible que los directores o editores de medios de comunicación, puedan ser responsables de manera principal por los delitos, sobre todo los de difamación o injuria, en que pudiere incurrir un periodista, editor, o sustitutos, impresores o autores subalternos en general, en el ejercicio de su profesión y encontrándose bajo su supervisión, puesto que eso contradice el principio de la personalidad de la pena.

Finalmente, el Magistrado Vargas expresó que “El Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales debe preservar el ejercicio de la libertad de expresión, información y opinión pública, porque si ésta perece, la democracia se pone en peligro”.