Para el presidente Nayib Bukele, El Salvador es el país más seguro de América Latina. Ese es el discurso que sostiene para respaldar sus políticas para terminar con la violencia pandillera que agobia al territorio.

Así lo repitió este jueves 2 de marzo la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill, durante un videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De esa manera se defiende Bukele ante los cuestionamientos de la comunidad internacional, preocupada por la posible violación de derechos humanos de los reclusos.

Para la Administración local, una de las claves está en el Plan de Control Territorial. “Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo del país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas”, expresó Hill ante la ONU luego de hablar de “cifras verificables”.

Sin embargo, las preocupaciones que nacen en la comunidad internacional no están relacionadas a los números ni al combate contra las pandillas; sino que radica en los métodos y en un trato que, según se aprecia en videos que circuló el propio Gobierno salvadoreño, puede propiciar vulneraciones a los derechos de los detenidos.

Las inquietudes se han profundizado desde la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la gran cárcel de máxima seguridad para 40.000 presos, a donde ya fueron trasladados 2.000.

En las imágenes, se los ve con poca ropa y siendo tratados duramente por los carceleros, con violencia y degradación.

Estados Unidos entra a terciar en la controversia 

Este jueves Estados Unidos también se sumó a las advertencias para El Salvador sobre la protección de derechos humanos. Lo hizo a través del portavoz de la diplomacia local, quien recordó la “responsabilidad de garantizar la seguridad de la población”, pero también de “respetar los derechos humanos”.

Si bien recalcó “el desafío” que es para el país centroamericano “frenar la violencia de las pandillas”, reiteró que el Estado debe “garantizar el debido proceso legal”.

El Gobierno de Bukele insiste en que son más de 64.000 los delincuentes que han sido arrestados desde el estado de excepción que rige hace un año. Empero, ha habido denuncias sobre detenciones arbitrarias.