Por José Cuevas

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 20 DE MARZO 2023.- Será en las próximas horas cuando el Ministerio Público solcitará medidas de coerción contra los implicados en el nuevo expediente conocido como Calamar en el que figuran varios exfuncuinarios del gobierno del expresidente de la República Danilo Medina.

Las medidas de coerción es en contra de los exministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y de Hacienda, Donald Guerrero.

La solicitud de medidas de coerción serán también en contra del excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Así como de Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

Todos ellos, están arrestados en una cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en espera de su proceso.

De acuerdo a una nota envidad a la redacción del periódico Tras las Huellas Digital por la Procuradurí General de la República, se avanza contra la impunidad con la Operación Calamar, puesta en marcha la noche del sábado como resultado de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Sostiene que como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.

La investigación realizada por el Ministerio Público tomó varios meses debido a su alto nivel de complejidad.

El entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.