TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 26 DE SEPTIEMBRE 2023.  La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó este martes que el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública debe ser asumido como una política de Estado, para lo cual es muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

«Pongamos en marcha la construcción de un compromiso por crear y sostener las mejores condiciones institucionales posibles, lo que debe garantizar que nuestros esfuerzos, los esfuerzos de quienes nos antecedieron y los de aquellos que nos sucedan, conformen una espiral de desarrollo continuo», expresó.

La vicepresidenta Peña precisó que este compromiso no debe ser solo el reflejo de voluntades perecederas y desarticuladas, sino el resultado firme y sostenible de una decisión nacional que se inspire en la fulgurante historia patria y en el pensamiento preclaro del liderazgo político nacional.

Al encabezar el acto de apertura del “Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública: Hacia un Pacto Nacional por la Institucionalidad en República Dominicana”, sostuvo que esta iniciativa busca ser resultado de la buena disposición y los mejores deseos de ver cómo el país sigue avanzando por la senda del progreso, las libertades y la consolidación de la democracia. 

Durante el acto, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su titular, Darío Castillo Lugo, la vicepresidenta Peña destacó la decisión y voluntad firme de gobernar del presidente Luis Abinader apegado a los principios constitucionales, al marco jurídico y a las mejores prácticas de transparencia y eficiencia.

Con esto, indicó, envió un mensaje claro a una nación abrumada por la corrupción y el nepotismo, que levantaba su voz reclamando legalidad, justicia y transparencia.

A la vez, expuso, se inició el desmonte de una serie de entes públicos, algunos de ellos caídos en desuso o creados por decisiones coyunturales para satisfacer aspiraciones personales, la mayoría de los cuales se habían acumulado en torno a la Presidencia de la República y claramente usurpaban atribuciones a instituciones tradicionales de nuestra arquitectura organizativa.

Peña explicó que, en ese sentido, se abocaron en una tarea de transformación, disolución, reducción y transferencia de órganos como el Despacho de la Primera Dama, la OISOE, el CEA, la CEDEE, el Programa de Visitas Sorpresas y otras entidades.

Reingeniería con respeto pleno al marco regulatorio y derechos adquiridos

Precisó que esa reingeniería inicial se ha estado realizando y continuará en el futuro, respetando plenamente el marco regulatorio y los derechos adquiridos de todo el personal, bajo la conducción de una Comisión de Liquidación o Disolución de Órganos del Estado (CLOE).

Con ese propósito, expresó, desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, el presidente Abinader ha emitido 32 decretos, impulsado y promulgado varias leyes y la CLOE ha producido alrededor de 37 resoluciones para instrumentar estos cambios, como consecuencia de los cuales se han suprimido un total de 13 entes y órganos. Esto ya traído ahorros significativos de recursos que ahora están siendo dirigidos a sectores prioritarios, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables. 

La vicemandataria enfatizó que, como una expresión del Programa de Gobierno y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, se procedió a diseñar, socializar y poner en marcha un Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública que, como ha expresado el ministro de Administración Pública, se fundamenta en un diagnóstico integral sobre los desafíos más relevantes en materia institucional, que ha servido de base para identificar y programar un conjunto de acciones estratégicas indispensables en lo relativo a concretar las aspiraciones de un Estado Moderno y Eficiente.

Apuntó que bajo ese Plan, a la fecha han instalado procesos de reforma en sectores claves para la producción de bienes y servicios prioritarios, tales como salud, agricultura, industria y comercio, energía y minas, medioambiente, seguridad ciudadana, protección social y otros. Al mismo tiempo avanzan en la revisión y actualización de los referentes jurídicos generales, así como en materia de digitalización, interoperatividad e integración de sistemas comunes a la gestión pública.