TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA, 15 DE NOVIEMBRE, 2023. La Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio Público de la República Dominicana acordaron este martes fortalecer la lucha contra el lavado de activos en esta nación caribeña.

Para tal fin firmaron un memorándum de entendimiento mediante el cual se comprometen a poner en marcha “las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación exitosa» de una “Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA)”.

La Procuraduría General de la República (PGR) dominicana informó en un comunicado remitido a ALMOMENTO.NET que la FTLA será dirigida por la procuradora general de corte de apelación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Luisa Liranzo.

Está integrada por ocho instituciones dedicadas a la prevención y persecución de delitos complejos, como son la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Para su puesta en ejecución, la procuradora general Miriam Germán Brito y la encargada de negocios de la Embajada estadounidense, Patricia Aguilera, firmaron una “Carta de Implementación de Proyectos (CIP)”

Los Estados Unidos colaborarán, entre otros asuntos, con capacitaciones especializadas para la Fuerza de Tarea en materia de investigación criminal, análisis, investigaciones cibernéticas, litigio en juicios, entre otros temas relevantes y vinculados.

También, ofrecerán asistencia técnica para el desarrollo de propuestas para el diseño de protocolos de trabajo que cubran, al menos, las siguientes áreas: administración, operación e intercambio de información. Además, acompañamiento técnico y asesoría en el análisis criminal y la definición de estrategias de investigación y litigio.

En tanto que la Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad de abogar porque el Poder Ejecutivo financie la puesta en marcha de la FTLA, incluyendo, entre otras cosas, las reparaciones estructurales de las instalaciones identificadas, la compensación de incentivos adicionales para los miembros del nuevo órgano y complementar sus costos operativos durante un mínimo de 3 años a partir de la firma de los memorandos de entendimiento con las ocho instituciones participantes.

Del mismo modo, la PGR deberá garantizar que todo el personal de la FTLA participe en programas de formación, educación y ejercicios y definir políticas y procedimientos internos de trabajo que permitan y fomenten el uso de los conocimientos y la formación en el trabajo diario de los miembros de la nueva entidad.

Germán Brito destacó «que la constitución de la Fuerza de Tarea es algo muy significativo en el manejo de la persecución del crimen».