TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, MADRID, 23 DE ABRIL, 2024.- El Gobierno español aprobó este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, plan que rechaza la Iglesia.

El plan, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo, procede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará vigente entre 2024 y 2027.

En rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, el ministro español del ramo, Félix Bolaños, afirmó que este plan busca reparar a las víctimas que «durante décadas han sido olvidadas y orilladas» y a las que «nadie prestó atención».

Para ello, el Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE) para que asuma las indemnizaciones a las víctimas.

«Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno», dijo.

El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Parlamento, presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440,000 personas.

«Son cifras muy altas que nos deberían impactar», señaló Bolaños.

El titular de Justicia explicó que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.

Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura el año pasado, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.