TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 2 DE MAYO, 2024. El objetivo principal de esta segunda fase del programa «Género en el Sistema de Justicia Penal» en la República Dominicana, es sensibilizar a las autoridades y a los operadores clave sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la implementación de alternativas al encarcelamiento. Asimismo, busca fortalecer la capacidad institucional para monitorear y evaluar programas que respeten los derechos humanos.

La iniciativa es un esfuerzo conjunto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Drogas y con el auspicio del Gobierno de Canadá.

El evento contó con la participación de instituciones claves, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional, la Defensa Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Dirección General de la Policía Nacional, representantes de la sociedad civil y ONGs.

La línea de honor estuvo encabezada por el mayor general (sp) Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas, junto a la señora María Sol Purita, oficial del Programa de Género en el Sistema de Justicia Penal (CICAD/OEA), Elisabet Arribas, gerente del Programa Políticas Sobre Drogas, Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD-OEA, Juana Damaris José Cáceres, viceministra de Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Suprema Corte de Justicia y la magistrada Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

La República Dominicana posee un marco legal favorable, sin embargo, enfrenta desafíos significativos en la integración de esta perspectiva en las alternativas al encarcelamiento por delitos relacionados con drogas.

Esta fase del programa se destaca por su contribución hacia un sistema de justicia más inclusivo y equitativo en el país y en toda la Región. Además, refuerza los compromisos asumidos por el CND, tomando en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género en su lucha contra el abuso de drogas.