TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 6 DE MAYO, 2024.- Tal como había prometido el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el desarrollo del pasado debate presidencial organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) donde manifestó su preocupación al actual presidente de la República, Luís Abinader Corona, en torno a las prácticas del gobierno en lo referente a las asignaciones de pensiones estatales, mismas que deberían otorgarse en estricto apego a la Ley 379-81,  Abel Martínez remitió a los medios de comunicación, el listado de pensiones, que, a su consideración, han sido dadas al margen de la transparencia, la integridad administrativa y la citada legislación.

A través de un comunicado de prensa, Martínez expresó que la legislación establece criterios claros para la jubilación con pensiones vitalicias del Estado, destinadas a servidores públicos bajo condiciones específicas de servicio y edad, o personas con condiciones de discapacidad física severa debidamente certificada.

“También están las pensiones especiales, que deben ampararse en leyes específicas, cuando se trate de personas que no hayan desempeñado una función pública, como es el caso de atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de país, tanto en territorio dominicano como en el extranjero, o deportistas que hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Nacional, para citar algunos casos”, señaló.

En ese sentido, Abel Martínez remitió el análisis realizado por sus equipos técnicos que consta de sendos documentos que incluye un análisis de varios decretos que evidencian distorsiones graves en la asignación de pensiones por parte del gobierno, así como un documento que, a modo general, analiza unos 219 decretos correspondientes a pensiones especiales entre 2020 y 2024, el cual refleja que, de 25,540 otorgadas, una notable minoría cumple con el proceso reglamentario.

El listado remitido a los medios revela cómo, en varios decretos presidenciales, más de la mitad de las pensiones fueron asignadas con criterios políticos y no conforme a lo estrictamente indicado en la ley, en donde han sido beneficiados una gran cantidad de exmiembros y exdirigentes de partidos de oposición, incluyendo exalcaldes y exdirectores que abandonaron sus organizaciones políticas para entrar al partido de gobierno, siendo beneficiados, además, sus colaboradores y familiares, con pensiones vitalicias y muchas otras, a dirigentes del PRM y allegados.

“Muy pocas de las pensiones otorgadas han sido en beneficio de servidores públicos sin vinculación política, como enfermeras, técnicos de diversas áreas y figuras destacadas del deporte, el arte o la cultura, entre otros, lo que demuestra un manejo inadecuado y poco transparente de los recursos públicos, dando uso político y electoral de las pensiones mientras se afecta gravemente las finanzas públicas, la imagen y legitimidad del presente proceso electoral, y la institucionalidad democrática”, manifestó Martínez, asegurando que con este accionar, se ha fomentado un esquema de clientelismo y transfuguismo, que erosiona la estructura de los partidos políticos, debilitando la democracia dominicana, promoviendo un sistema en el cual las lealtades se compran y se venden, minando la esencia de la representación democrática y el pluralismo “que son fundamentales para un sistema político saludable”.

“El manejo fiscal irresponsable de las pensiones estatales ha provocado un aumento desproporcionado de los compromisos financieros del Estado, con un incremento de más del 60% en los fondos destinados a esos fines en los últimos cuatro años, recursos que bien pudieran ser utilizados, además, a favor de una franja poblacional que tanto lo necesita, como son los adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas, las cuales, actualmente son invisibles para el gobierno”.

El candidato presidencial Martínez, asegura que en medio de una situación financiera delicada y en franco deterioro, este aumento exorbitante en las obligaciones de pensiones al margen del marco de la ley, compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y limita severamente la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas como educación, salud e infraestructura, y a su juicio,  “desde el gobierno se están  creando las condiciones para una crisis, provocada no por necesidades apremiantes del país, sino, por decisiones políticas cortoplacistas que podrían tener consecuencias devastadoras a largo plazo”.