TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 9 DE MAYO, 2024. -La República Dominicana ha sobresalido por sus progresos en la protección de usuarios del sistema financiero, según coincidieron expertos nacionales e internacionales que participaron en la III Conferencia de Actualización y Perspectivas de la Protección del Usuario Financiero, organizada por la Superintendencia de Bancos (SB).

El evento resaltó las iniciativas y regulaciones implementadas en el país para salvaguardar los derechos de los clientes bancarios, fortaleciendo la confianza y promoviendo la transparencia en el sector financiero.

Esta tendencia es promovida por la SB, como ente supervisor, con el fin de ir cerrando las asimetrías de información entre las entidades bancarias y sus clientes, de manera que se procure un sistema financiero más amigable, inclusivo y sano. 

“Se debe trabajar para superar las asimetrías de información entre las entidades financieras y los usuarios, de forma que estos tomen decisiones más informados. Lo primero es tener un marco regulatorio, de lo cual afortunadamente República Dominicana disfruta, pues hay países en los que todavía se sueña con ello”, expresó Sevak Mikayelyan, subdirector del Centro de Protección al Usuario y Educación Financiera del Banco de Armenia, durante una charla que ofreció sobre “Actualización en supervisión de la conducta de mercado”.

Mikayelyan también hizo hincapié en la necesidad de crear ecosistemas de comunicación que conjuguen múltiples canales, de manera que los usuarios y las usuarias asimilen toda la información relevante relacionada con sus productos y servicios.

En tanto que Eric Duflos, especialista financiero senior del Consultative Group to Assist the Poor, mencionó que, a la hora de establecer políticas de protección a los clientes financieros, es de suma importancia que las entidades de intermediación establezcan una interacción efectiva, de manera que exista una retroalimentación directa de opiniones y pareceres.

También enfatizó la importancia de que los supervisores y los intermediarios financieros fortalezcan la protección ante las amenazas de fraudes y exposición de los datos personales.