TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 26 DE NOVIEMBRE, 2024. En un gesto sin precedentes, la Contraloría General de la República (CGR) se unió a la causa impulsada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de incluir entre los colaboradores del sector público a personas con discapacidad intelectual, a los fines de asegurar su inserción social y laboral.

La acción fue puesta en marcha mediante un acuerdo de colaboración firmado por el contralor general de la República, Félix Santana García, y la presidenta de la Asociación Dominicana con Síndrome de Down (Adosid), Elaine Mercedes Ortega, el cual persigue incluir a colaboradores con dicha condición en las labores de mensajería interna y auxiliar de protocolo, entre otras funciones.

Santana García expresó la gran satisfacción que siente de poder contribuir con una Contraloría más humana y apegada a la responsabilidad social activa desde el Estado, al tiempo que felicitó a la Dirección de Recursos Humanos que lidera Roselis Gómez, por ser la pionera en propiciar la inserción laboral de personas con discapacidad en la institución.

La primera en ser beneficiada con un contrato de trabajo, a un año renovable, fue la joven Anabel Pérez, cuya permanencia en dicho espacio será garantizada sin importar cambios en la autoridad o gestión de turno, es decir, independientemente de la sustitución de la persona o entidad responsable de la administración o dirección de la organización.

La iniciativa responde a la Resolución 458-08, que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, la cual establece alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

El acuerdo establece canales de diálogo, respecto a la identificación de una estrategia para asegurar la permanencia en la institución y el desempeño real de los puestos de trabajo por parte de las personas con discapacidad que resulten contratadas.