TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 23 DE DICIEMBRE, 2024.  El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sugirió este domingo la realización de un diálogo interinstitucional que involucre a varios actores del Estado para buscar soluciones al congestionamiento carcelario y a la situación de más de 16,000 reclusos preventivos en el país.

En un comunicado, Ulloa propuso que dicho diálogo, previsto para iniciar en 2025, cuente con la participación del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el propio Defensor del Pueblo. Cada institución tendría el objetivo de aportar estrategias para abordar la problemática del sistema penitenciario.

El defensor subrayó que un actor principal en este esfuerzo debe ser el Ministerio Público, señalando que es crucial evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida de coerción, pues considera que esta práctica es el origen del problema.

“Los fiscales recurren a la prisión preventiva por falta de garantías de que los imputados se presenten a las audiencias. Este escollo puede superarse mediante el uso de grilletes electrónicos, los cuales podrían ser producidos por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a un costo mucho menor que en el mercado, eliminando así el argumento del precio”, explicó Ulloa.

Durante una entrevista en el programa Geopolítica, conducido por el periodista Nelson Encarnación y transmitido por Teleimpacto, Ulloa también destacó el rol que podrían jugar los jueces de Ejecución de la Pena. Señaló que estos magistrados pueden revisar casos de reclusos preventivos, especialmente aquellos con enfermedades graves o que han cumplido más tiempo del que conllevaría una condena.

El defensor expresó que sus frecuentes visitas a los centros de reclusión le han permitido constatar numerosas violaciones a los derechos de los internos, lo que refuerza la urgencia de tomar medidas correctivas.

“Es necesario entender que la seguridad ciudadana no será efectiva mientras las cárceles sigan funcionando como centros operativos de estructuras delictivas. Desde allí, no solo controlan los recintos, sino que también organizan actividades criminales que afectan a la sociedad en general”, advirtió.

Ulloa mostró preocupación por la posibilidad de que las cárceles dominicanas sigan el camino de países como Ecuador, Perú y Guatemala, donde los reclusos tienen el control de los centros penitenciarios.

En otro segmento de la entrevista, el defensor llamó a la ciudadanía a conocer los ámbitos de acción del Defensor del Pueblo. Destacó el aumento en el porcentaje de personas que reconocen al menos un derecho, pasando de menos del 40 % a más del 70 %, gracias a iniciativas como La Ruta del Defensor, que ha llevado actividades a las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Anunció que en 2025 este programa se expandirá a todos los municipios del país para fortalecer su posicionamiento público y alcance.

Sobre el tema de las embarazadas haitianas que desbordan los hospitales públicos dominicanos, Ulloa opinó que estas mujeres deben recibir atención médica, pero enfatizó la necesidad de enfrentar el problema en su origen.

“Estas extranjeras cruzan la frontera a través de mecanismos corruptos, pagando sobornos en al menos 18 puntos de chequeo, tanto en Haití como en República Dominicana”, explicó. Según Ulloa, esto demuestra que el fenómeno está vinculado a redes organizadas que operan desde la frontera.