En ese sentido, el vocero del PRM, Nelson Arroyo, en declaraciones conjunta con los demás diputados de esa organización, le exigió a la DGA no violar la Constitución ni las leyes objetivas dominicanas.

Por José Cuevas

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 7 de agosto 2014. –El diputado Nelson Arroyo, recién electo Vocero del Bloque del Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), hizo público la posición de los legisladores de su partido en cuanto a las declaraciones del Director General de Aduanas (DGA), de cobrar un impuesto a las compras por internet inferiores a los US 200 dólares.

Arroyo manifestó que la DGA, no es la institución a la que le corresponde crear arbitrios, aclarando que ésta es una función del Congreso Nacional, por mandato de la Constitución de la República.

“El Director General de Aduanas alega que su institución tiene las atribuciones de regular el comercio internacional y proteger la economía dominicana, además de velar por el no ejercicio del comercio desleal, por lo que estamos citando la última Ley que reforma el estatus de la DGA, la 226-06 y en ninguno de sus artículos le faculta a tales fines” dijo.

Agregó que dicha Ley, no establece calidades para que el Director General de Aduanas tome iniciativas para regir o corregir el comercio internacional mediante la imposición de impuestos. “Lo que si encontramos es que su nombramiento viola la propia ley que rige la institución que dirige, porque ni es profesional del área fiscal, ni especialista en recaudación con por lo menos diez años como prevé en su artículo 7, Literal d) que establece los requisitos para ser Director General de Aduanas”.

El vocero del PRM dijo que en vista de que fue establecida como fecha de entrada en vigencia de este gravamen el próximo 15 de Agosto, “de ser aplicada de manera autocrática se constituiría en un violador de las leyes de la nación, usurpador de las atribuciones que la constitución nos otorga como primer poder del Estado, hecho los cuales lo convierten en objeto de persecución y en nuestro caso de interpelación y eventual acusación ante el Senado de la República”.