TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 23 de Septiembre, 2015. -El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá desarrollar programas de formación y capacitación de personal en las áreas jurídicas y de gestión pública vinculadas a los derechos humanos, valores éticos, morales y democráticos

El acuerdo, firmado por el ministro Andrés Navarro y la defensora del pueblo Zoila Martínez, en un acto celebrado en el Salón Verde de la Cancillería, está dirigido a orientar y empoderar a los ciudadanos para que puedan desarrollar un servicio profesional con eficiencia, destrezas y con los conocimientos necesarios, a través de la participación en cursos, talleres, conferencias o seminarios sobre derechos humanos, derecho administrativo, gestión pública y administración de organismos públicos que serán impartidos en el Instituto de Educación en Formación Diplomática y Consular (INESDYC).

Asimismo, en el acuerdo que tendrá una duración de un año, la Defensoría del Pueblo se compromete a dictar conversatorios, paneles, charlas y exposiciones en general en la Cancillería, dirigidos al personal de la referida institución, en los temas relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

«Este convenio nos permitirá profundizar en el plan de fortalecimiento y eficientización de la labor en el servicio diplomático y consular en el marco de la nueva política exterior puesta en marcha por el presidente Danilo Medina, y esto sólo es posible con un trabajo en equipo con el concurso de las demás instituciones del Estado», afirmó el canciller Navarro tras rubricar el acuerdo interinstitucional.

Precisó que «una política exterior eficiente implica también la vinculación de todos los entes que componen la sociedad civil, por lo que este paso nos permitirá avanzar más en la ruta que hemos emprendido en pos del fortalecimiento de los mecanismos interinstitucionales que tiene que ver con ética y la transparencia».

Recordó que en el referido propósito, la Cancillería ha firmado otros acuerdos interinstitucionales como entidades que velan por la sana aplicación y manejo de los recursos públicos como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda.

«Con este convenio entramos en otro ámbito en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, una institución que defiende los derechos fundamentales de las personas, y qué mejor momento cuando estamos aplicando una nueva política exterior orientada por el presidente Medina, que tiene a la gente como su centro de atención», subrayó Navarro.

Dijo que la Cancillería y la Defensoría del Pueblo irán moldeando espacios que auspicien el diálogo con la sociedad civil, además de generar las condiciones en la aplicación de los planes y normas que tengan un efecto positivo en el estado de derecho.

«Un Estado moderno no puede aplicar medidas que sólo sean legales, sino que hay que garantizar que además sean legítimas, de ahí que nos satisface que hoy podamos iniciar una tarea conjunta con la Defensoría del Pueblo», refirió el funcionario.

En tanto que la defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez, declaró que el convenio permitirá trillar un camino con una institución que hoy goza una excelente imagen internacional, para que los derechos humanos sean reconocidos y respetados por todos.

«Hoy recordamos a ese gran defensor de los derechos humanos de los afroamericanos, Martin Luther King, pues estamos convencidos de que la Defensoría del Pueblo puede alcanzar sus propósitos de la mano con una institución como la Cancillería, con criterios y voluntades afines», señaló Martínez.

En la actividad estuvieron presentes, además, la viceministra Nelly Pérez, encargada de Asuntos Consulares; la viceministra Sarah Güemez, coordinadora de la Oficina de Asesores, el viceministro César Dargam, encargado de Negociaciones Comerciales; Radhys Abreu, directora de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería; Julio Santana, jefe del gabinete; Miguel Ángel Pichardo, consultor jurídico; Frank Cáceres, director de Ética y Transparencia, entre otros funcionarios.