TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 24 de septiembre, 2015. -El Senado aprobó este miércoles resolución que solicita a la Junta Central Electoral dejar sin efecto los cambios de residencia realizados desde una provincia    a otra.

Esta iniciativa fue presentada al Pleno senatorial por el senador de la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez.

Según expresa unos de sus considerando,  es necesario que la JCE anule todos los cambios masivos que se han producido en el 2015, porque atenta contra la democracia, la voluntad popular, la representación real que deben tener los pueblos además, es una vía fácil para que persona de dudosa reputación pretendan lavar su nombre y sus bienes.

Refiere, además, que esta vulnera el desarrollo de los pueblos fomentando la  competencia desleal entre candidatos.

 La pieza indica que en lo adelante la JCE deberá reglamentar los cambios de residencias; sobre la base de un real crecimiento demográfico, estableciendo requisitos al solicitante que demuestre el cambio de domicilio.

Sánchez informó que hasta 200 personas les ha sido notificado el cambio de dirección en la misma vivienda y que también en el lugar donde esta ubicado el destacamento policial han sido ubicados cambios de direcciones.

Asimismo, la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, presidida por el senador  Prin Pujals Nolasco,  rindió  al Pleno un informe favorable sobre el tratador de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos y Republica Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, en fecha 12 de enero del 2015.

El objetivo de esta iniciativa es regular aspectos procesales que traerán un importante avanece en el proceso de extradición, contemplando temas como la entrega en extradición, principio de especialidad.

Los senadores sancionaron, además, el proyecto de ley que  designa con el nombre de Carlos Morales Troncoso, el puente ubicado sobre el Rio Chavón, provincia La Romana. La iniciativa es autoría de los senadores Prin Pujals Nolasco, Amarilis Santana Cedano, Adriano Sánchez Roa, Amable Aristy Castro y Manuel de Jesús Guichardo.

Los legisladores sancionaron nueve contratos de ventas de terrenos entre el Estado dominicano y particulares.