TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SAMANA, 25 de octubre, 2015. –El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), dijo aquí que el próximo gobierno que surja de las elecciones de 2016 debe asumir el compromiso ante la sociedad de erradicar la corrupción de raíz en la administración pública.

Quique Antún manifestó que el pueblo viene reclamando un gobierno totalmente transparente para reducir sustancialmente la corrupción y los sobornos en todas sus formas.

Aseguró que para ello hay que reforzar el marco jurídico de persecución a la corrupción administrativa e implementar programas y adecuaciones legales para terminar con estas “malas prácticas” en el sector público.

“Hay que establecer políticas integrales sobre transparencia, rendición de cuentas y penalización de infracciones, así como la instauración de drásticas políticas de consecuencia, de erradicar ilícitos comportamiento y actitudes de mal ejercicio público, detección y desmantelamiento de posibles nexos público y privado”, indicó.

Entiende que la próxima administración debe centrarse en lograr la condición de “corrupción cero”.

El candidato presidencial del PRSC habló sobre el tema al encabezar un acto masivo en el municipio de Sánchez, donde fue proclamada la dirigente reformista Johacni Camacho como  candidata a alcalde por esa organización política.

Antún Batlle planteó que se establezca en el país un programa denominado “Transparencia Total del Estado Dominicano”, con un rígido esquema administrativo dentro del cual toda información administrativa y financiera, así como su justificativo operativo y técnicos sobre obras y otros renglones relevantes del gasto público diseñado  por cada institución, esté disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

Señaló que con esto se lograría que cada pago, transferencia, tramitación y cualquier documento que concierna a inversiones o erogación de fondos públicos y con la única excepción de aquellos que no comprometan la seguridad nacional, “se coloque al alcance y dominio del ciudadano”.

Manifestó asimismo que de esta manera cada dominicano será el mejor testigo del uso que el gobierno hará de su dinero, “convirtiéndole en actor de cambio y supresión de inconductas y gestor de una nueva cultura del servidor público”.

Dijo que para tales fines, se hace necesario fortalecer las Oficinas de Acceso a la Información conformadas en cada institución, así como la expansión de los programas de veedurías públicas como también los de control social.

CÓDIGO ANTI-CORRUPCIÓN

Sugirió asimismo la creación de dos instrumentos en procura de encarar contundente y adecuadamente el problema de la corrupción.

En ese sentido, indicó que esos instrumentos serían  la instauración del Código Ético y el Código Anti-corrupción.

“Para ello se impone reforzar el marco jurídico de persecución a la corrupción administrativa”, agregó.

Aseguró que ello implica el fortalecimiento de las penas, aspectos relativos a procedimientos a aplicar en cada caso y definir mejor las competencias institucionales encargadas de perseguir y garantizar que todo acto corrupto dentro del Estado, tales como el tráfico de influencia, cohecho, nepotismo en cualquiera de sus formas, choques e intereses generados y cualquier otra modalidad dolosa exprofeso.

PROCURADURÍA CON COMPLETA AUTONOMÍA

Manifestó, además, que hay que garantizar la completa autonomía del Ministerio Público al eliminar su dependencia jerárquica y administrativa del Gobierno Central.

Impulsar –agregó- cuantos cambios presentes en legislación actual lo impidiere, incluyendo la disposición de facultar que el Procurador General de la República sea elegido por una de las cámaras legislativas o por sufragio universal.

CONTRALORÍA INDEPENDIENTE

El candidato presidencial reformista también favorece que se legisle para dotar a la Contraloría General de la República de la facultad de ejercer plena autonomía legal, gerencial y financiera, que le habilite para realizar a plenitud su labor de fiscalización de fondos públicos en total independencia del Ejecutivo “y sólo supeditado a las normas de fiscalización más adelantadas”.

“Dentro de las nuevas medidas legislativas debe consignarse la referencia a la selección del Contralor General y de los Sub-contralores que le asisten, los cuales deben ser elegidos por el Senado de la República mediante escrutinio público y participativo de la sociedad civil a la que debe invitarse a la redacción del Reglamento Eleccionario que habrá de aplicarse para este propósito y conforme a las mejores prácticas en países donde se ha evidenciado su efectividad”, dijo.

CÁMARA DE CUENTAS MODELO

Indicó  que igualmente se deben aplicar las providencias necesarias dirigidas a convertir la Cámara de Cuentas de la República en ente modélico de primera línea, “habilitándole para realizar con alto rigor técnico y buen sentido de oportunidad, experticias y autorías especializadas, aplicables a cada actividad económica y de gestión pública, a tono con las mejores prácticas y exitosos resultados registrados en similares entidades de señalados países”.

De manera integral y para facilitarle esa meta –agregó- se le debe dotar de mejores niveles de funcionamiento mediante el reordenamiento de su Pleno de Miembros, en interés de que el mismo se encuentre integrado por representantes de los diversos  partidos políticos con representación congresual, tal como prevalece en países de marcado éxito en ese terreno.

FORTALECER MECANISCO DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

Quique Antún indicó que adicionalmente plantea que se fortalezca el mecanismo de Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios públicos, consignado en la recién ley número 311-14, incluyendo la emisión de su Reglamento de Aplicación por parte del Poder Ejecutivo, que permita establecer el universo de obligados y las sanciones por incumplimiento, entre otros aspectos.

PAPEL ACTIVO DE LA DIRECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES

El candidato presidencia del PRSC dijo además que el próximo gobierno debe acentuar el accionar de la Dirección General de Compras y Contrataciones en interés de reducir los niveles de discrecionalidad, impedir potenciales oportunidades de malas prácticas, mejorar el contenido y defensa de instrumentos jurídicos en materia de concesiones, contrataciones, compras y cualesquier otro compromiso jurídico, nacional o internacional de envergadura.

Este órgano rector –agregó- deberá velar por el cumplimiento estricto de su ley y los reglamentos por parte de todas las instituciones del Estado, tanto en lo relativo a las compras y contrataciones como a las concesiones y arrendamientos de bienes públicos.

Siguió diciendo que en su calidad de ente regulador, la Dirección de Compras y Contrataciones debe asumir un papel más activo y riguroso en la solución de conflictos e impugnaciones relativas a los procesos de selección y adjudicación, incluyendo el de imponer su facultad de anular los mismos, cuando los encuentre viciados.