TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 10 de Noviembre, 2015. -El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, exhortó al Congreso Nacional aprobar la Ley de Extinción de Dominio, al afirmar que es fundamental para el efectivo combate no solo del narcotráfico y las diferentes modalidades del crimen organizado, sino también para golpear las estructuras financieras ilícitas que alberga la corrupción.

Al participar en el «Foro de Comercio Ilícito en RD: Causas, Consecuencias y Propuestas para su Erradicación» organizado por la Cámara Americana de Comercio, Domínguez Brito dijo que con la aprobación de dicha de ley, se crearían los mecanismos jurídicos internos que permitirían  al Estado dominicano incautar los bienes ilícitos a los involucrados en esos casos.

«Exhorto al sector empresarial y a toda la sociedad en sentido general, a tomar conciencia sobre la importancia trascendental que tiene la aprobación de esta herramienta jurídica que manda la Constitución, sobre todo, para hacer efectiva la lucha contra la corrupción, pues, el apresamiento o sometimiento a la justicia en ese sentido, queda truncos sin que se puedan golpear las estructuras financieras encubiertas por testaferros, así como la posesión de una gran cantidad de bienes fruto de esos ilícitos», expresó el Procurador General.

“La aprobación de  la “Ley de Extinción de Dominio” o “de Decomiso civil de bienes ilícito”, permitiría que de manera ágil, autónoma, distinta e independiente de cualquier otra acción penal, civil, administrativa o de cualquier otra índole, como una excepción al derecho de propiedad, se pueda proceder al decomiso o confiscación de los bienes o activos de personas físicas o morales que no puedan demostrar el origen lícito de sus bienes o activos. Ha sido un proyecto de ley consensuado con todos los sectores, por lo que hacemos un llamado en especial al Senado de la República, para que la pieza pueda ser aprobada cuanto antes, luego de tres años de dilación», indicó Domínguez Brito.

Dijo que constituye un mecanismo ideal para evitar que los que incurran en ese tipo de actividad ilícita puedan quedarse en  posesión de bienes, aun en los casos en que se haya declarado el archivo, la rebeldía, la prescripción o la extinción o suspensión de la acción penal.

“Para que la República Dominicana sea efectiva en la lucha contra esos flagelos, tenemos, necesariamente, que contar con esa ley, porque es la única forma de impedir que los narcotraficantes, los imputados del crimen organizado y actos de corrupción se queden con los bienes que han adquirido de manera ilícita”, sostuvo Domínguez Brito.

Explicó que la citada legislación tiene por finalidad «la rápida confiscación de bienes vinculados a ilícitos en la persecución de esos delitos y de esta manera poder  investigar patrimonios que no tienen sustento alguno”.