TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 22 de diciembre 2015. -El Presidente de la Convención y Secretario Nacional de Asuntos Legales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Salim Ibarra, declaró que la Ley de Partidos y de Garantías Electorales en la actualidad no está aprobada fruto del boicot de la pieza efectuado por el PRM.

Salim Ibarra expresó que el candidato del PRM, Luis Abinader, no es coherente con el accionar de su partido cuando plantea su deseo de una “discusión seria” con el fin de que se apruebe la Ley de Partidos.

Ibarra recordó que en el presente año se efectuaron varias reuniones en la sede de la Pucamaima, coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado en las cuales estuvieron representantes de las principales organizaciones políticas del país, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Junta Central Electoral. El dirigente perredeista  significó que el PRM, representado por su Presidente y su Secretario General se dedicó a estar en contra de la mayoría de las propuestas efectuadas y asentidas por los presentes.

Salim Ibarra, quien fue parte de la referida mesa del diálogo, reveló que tanto el Presidente de la República Danilo Medina a través de los comisionados del PLD como el Presidente del PRD Ing. Miguel Vargas propiciaron el ambiente necesario para lograr un consenso nacional con el objetivo de que contáramos con una Ley de Partidos revestida de Garantías Electorales, pero esto no fue posible por la actitud incompresible de la comisión del PRM.

El Secretario Legal del PRD lamentó que se perdiera la oportunidad en el presente año de incluir dentro de nuestra legislación electoral las propuestas que en su conjunto fueron ponderadas de forma positiva por la mayor parte de los comisionados y de gran parte de la sociedad dominicana. Ibarra expresó que entre los principales puntos tratados estuvieron la regulación de los fondos de campaña, la supervisión u organización de la Junta Central Electoral de las convenciones de los partidos, mayor oportunidad de acceso a los medios de comunicación, el establecimiento de normas para la participación de los candidatos (as), y sobre todo un esquema sancionador para los delitos electorales.