Con esta ratificación se revalida la decisión administrativa tomada por su titular, Abel Martínez, en octubre de 2014.

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 01 de marzo 2016-. El Pleno de la Cámara de Diputados  aprobó  una resolución mediante la cual ratifica la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social, mejor conocido como El Cofrecito de manera permanente, coincidiendo con la Resolución emitida por la Junta Central Electoral (JCE) y revalidando la decisión administrativa tomada por su titular, Abel Martínez, en octubre de 2014.

“Valoramos la intención y el espíritu de la resolución de la JCE de garantizar procesos transparentes y equilibrados en nuestras demarcaciones electorales y en todo el país”, expresó Martínez al ponderar la resolución.

Mediante la misma se notifica a la Cámara de Cuentas la decisión, al tiempo que la invita a darle el debido seguimiento y hacer recomendaciones de lugar, en caso de proceder.

De igual modo, el Pleno apoderó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que la Resolución dictada por la JCE sea estudiada, analizada y ponderada, en cuanto a su contenido y alcance y proceda a rendir un informe, en un período no mayor del 15 de marzo próximo, fecha en que vence el plazo para las inscripciones de candidaturas, en virtud del artículo 70 de la Ley Electoral.

La moción destaca que el proponente de la medida cautelar (la JCE) no cuestiona en modo alguno el uso, legitimidad y finalidad de los recursos que maneja el Congreso Nacional, pero plantea que los miembros  de ese órgano constitucional serían  postulados como candidatos dejando claramente establecido que una posibilidad futurista es el fundamento de dicha decisión, por lo que un eventual se consigna como un hecho real.

Destaca además que el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 275-97 se reduce a los partidos políticos y a los candidatos a puestos electorales, los cuales deben ser inscritos y debidamente aceptados por ellos y no en el caso de la especie.

“La medida cautelar, amén de que pudiera afectar a los legisladores que al momento de tal decisión, aun no tienen la calidad de candidatos a puestos electivos, también carece de especificidad, lo que impide determinar con claridad meridiana las actuaciones asistenciales afectadas por la cuestionable medida; no obstante este plenario considera que por el espíritu que persigue la misma, que procura elevar los niveles de transparencia y equidad del presente proceso electoral, entendemos pues, que se debe ponderar, a los fines de fortalecer los fundamentos democráticos de la República Dominicana”, enfatiza la Resolución.