El informe pone como ejemplo el desarrollo de programas de transferencias monetarias y las mejoras para poder acceder a los programas de atención de salud y de atención primaria preventiva.

Entre los países que ofrecen una amplia cobertura, el informe destaca a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU y Uruguay.

Con respecto al alcance de la cobertura de la asistencia médica, ésta varía entre los diferentes países del continente, desde un nivel bajo situado entre el 10 y el 40 por ciento de la población en algunos hasta una cobertura casi universal en otros.

El gasto público en salud y en seguridad social, como porcentaje del PIB, se calcula en un 10,2 por ciento en América Latina y el Caribe, y en un 16 por ciento en América del Norte.

Este porcentaje del PIB ha aumentado en los países analizados una media de 3,5 puntos desde principios de la década de 1990, lo que significa que el gasto público ha pasado de 315 a 748 dólares por habitante y año.

Además, la mayoría de los gobiernos de los 21 países analizados han invertido en educación y cultura de la seguridad social, un factor clave para la prevención.

«Estos esfuerzos para crear una cultura de la seguridad social están centrados en la sensibilización de la población acerca de sus derechos y responsabilidades, y permiten fomentar la solidaridad, el comportamiento de ahorro individual y el empleo en el sector formal», agrega el estudio.

En este sentido, el estudio revela que en América Latina aún cerca del 50 por ciento de la mano de obra urbana trabaja en la economía informal y que en 2009 apenas un 40 por ciento de los latinoamericanos mayores de 65 años de edad percibían una pensión o un ingreso en concepto de jubilación.

El secretario general de la AISS, Hans-Horst Konkolewsky, reconoció los avances positivos en la región y advirtió acerca de los «grandes desafíos» que aún quedan por encarar.

«A pesar de los grandes progresos en la extensión de la cobertura y en la reducción de desigualdades, las administraciones de la seguridad social deben abordar las cuestiones subyacentes de la financiación y adoptar unos enfoques más proactivos y preventivos para gestionar los riesgos, con el fin de garantizar el suministro sostenible de prestaciones y servicios», explicó Konkolewsky.

En los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe, menos del 30 por ciento de la población ocupada se encuentra afiliada al régimen de la seguridad social; en los países de ingresos medios, en torno al 50 por ciento, y en los países con ingresos relativamente altos, en torno al 60 por ciento. EFE

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