TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 11 de agosto, 2016-.  El ministerio público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el chantaje y la justicia selectiva, advirtió el jueves el vocero del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, periodista Rafael Núñez.

La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de, en estos momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Tucano.

“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que  ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.

Refirió que toda la opinión pública está consciente de cómo el Procurador General utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del ministerio público.

“Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera,  y es ahí que debe probar su inocencia“.

Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.

Desde el miércoles, el ex secretario de las Fuerzas Armadas de este país, mayor general piloto Pedro Rafael Peña Antonio, está siendo  imputado e investigado por la presunta violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión  así como por  la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano en la compra de 8 aviones Súper Tucanos.