TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 23 de diciembre, 2016. -El ex candidato presidencial Luis Abinader recomendó este jueves al presidente Danilo Medina que abogados independientes auxilien a la Procuraduría General de la República en el establecimiento de las responsabilidades de lugar para que los funcionarios dominicanos que percibieron sobornos de la empresa Odebrecht  por 92 millones de dólares sean castigados de manera ejemplar.

“Se trata de revelaciones hechas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y delitos admitidos por la propia Odebrecht, que se ha visto obligada a hacer compensaciones a los países perjudicados, por lo que en su doble calidad de jefe de Estado y de gobierno el presidente Medina tiene la palabra y está en la obligación de actuar”, precisa Abinader en declaración escrita.

 Afirma que el presidente Medina cuenta con mandatos específicos de la Constitución de la República para actuar en el caso,  que puede tipificarse como crimen de lesa patria debido a la cuantía involucrada, más de 4 mil 300 millones de pesos, fondos públicos que pudieron usarse para atender las tantas necesidades del pueblo.

“El presidente Medina tiene la oportunidad de cumplir los deberes que le manda la Constitución y de hacer un ademán contundente ante la opinión de la mayoría de los dominicanos y de organismos internacionales de que sobre la gestión pública dominicana pesa un manto de corrupción, falta de transparencia e impunidad, que afecta la moral, la economía y la vida institucional del país”, precisa el líder opositor.

Subraya que hace la recomendación de que abogados independientes auxilien las indagatorias de este escándalo porque si se quedan en el entorno oficialista no tendrán efectividad ni credibilidad alguna, pues se trata de denuncias que se vienen aireando en el país desde hace unos dos años sin que las autoridades competentes hayan actuado.

Citó al respeto que el Partido Revolucionario Moderno y otras entidades han elevado emplazamientos judiciales ante los que la estructura de justicia del Estado no ha asumido sus responsabilidades.