TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, NUEVA YORK, 21 de enero, 2017. -Una familia dominicana residente en esta urbe solicitó a la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís que ratifique la condena emitida por un tribunal de La Romana contra el banco La Romana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda por haberla estafado.

Roberto y Milagros Meléndez explicaron que la referida entidad le vendió una vivienda que se encontraba en litis con los supuestos dueños de la urbanización donde está el inmueble.

Dijeron que en 2002 utilizaron los pocos ahorros que tenían para el inicial de compra y financiaron la vivienda por más de un millón de pesos al banco La Romana, pero aún no han podido vivir en ella, pese haberla saldado, debido a que se encuentra en una litis judicial.

Roberto, un obrero que desea volver a su patria y vivir sus últimos días en la casa que compró con tanto esfuerzo, manifestó  que tiene en sus manos la sentencia contra la entidad bancaria. “Pero, en lugar de entregarnos la vivienda, el banco apeló y ahora han llevado el caso a la Corte de Apelación  de San Pedro de Macorís en busca de que no sea ratificado el fallo que les ordena honrar los compromisos contraído con nuestra familia”.

Dijo que su esposa Milagros Meléndez pagaba religiosamente el financiamiento de más de un millón pesos con la intención de vivir en su vivienda cuando se retiraran de Estados Unidos.

“Mi esposa confió en la reputación del banco y nunca pensó que iba actuar al margen de la ley, por lo que se acogió a todos los procedimientos que estableció la entidad, para lo cual tuvo que dar un inicial de 150 mil pesos hasta completar  los aproximadamente  350 mil pesos que había que dar de inicial”, afirmó.

Agregó que “nos sentimos muy compungidos, porque el banco realizó esta operación con nosotros a sabiendas de que la vivienda estaba en una litis y de que en esa  condición no podían vendérsela a nadie”.

Sostuvo que se percataron de la estafa cuando fueron a la casa a poner verjas, construir una cisterna y realizar otras reparaciones en las que invirtieron 60 mil pesos.

“En ese momento llegó un abogado que se identificó como el dueño de la casa y procedió a embargar los materiales que habíamos comprado para las reparaciones”, expresó.

Indicó que “ese hombre nos dijo que esa casa estaba en un litigio con el banco y que esa entidad no tenía derecho ni potestad para vendérnosla”.

De acuerdo con Roberto, el supuesto dueño de la urbanización le había hecho un préstamo al banco y no cumplió, por lo que la entidad embargo la vivienda.

Agregó que el dinero que invirtieron en los materiales para las reparaciones no le ha sido devuelto, debido a que el banco no ha querido asumirlo.

“Nosotros procedimos a someter al banco, ya que ellos se  hicieron de la vista gorda en lo que tenía que ver con el embargo de nuestros materiales de construcción”, precisó.

Dijo que el abogado que alega ser dueño de la urbanización “colocó unos guardianes bien armados en la vivienda para evitar que nosotros entremos”.

La casa estaba estipulada para ser vendida originalmente en un millón 10 mil pesos, pero con los intereses se elevó a 2 millones de pesos.

“Por la impotencia que teníamos, y al ver que habían transcurrido dos años y no nos entregaban, tuvimos que buscar un abogado y someter al banco por estafa”, añadió.

Informó que el caso fue ventilado en La Romana y el tribunal condenó al banco al pago de un  millón de pesos y 5 % por cada mes que transcurra antes de que la entidad le entregue el título de propiedad del inmueble.

“Pero el banco, mediante artimañas, no pagó y lo que hizo fue apelar y trasladar el caso a la Corte de San Pedro, logrando prorrogar el caso en varias ocasiones”, manifestó.

Dijo que “lo que queremos es que la Corte de San Pedro ratifique el fallo emitido en La Romana, lo que debió hacer hace dos meses”.

“Mi esposa tiene 67 años y yo 69, ya estamos retirados y queremos irnos a República Dominicana, pero no podemos hacerlo porque no tenemos donde vivir, a pesar de haber pagado dos millones de pesos por una vivienda”, se quejó.

Roberto instó a la Suprema Corte de Justicia de la  República Dominicana y a los jueces que tienen el caso a que ratifiquen la decisión que los favorece.