TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, LA HAYA, 24 de febrero, 2017.- La seguridad del ultraderechista Geert Wilders, el político más amenazado de Holanda, irrumpe en la campaña electoral y obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre un escándalo protagonizado por un escolta holandés de origen marroquí, a tan solo tres semanas de los comicios.

De hecho, Wilders, amenazado de muerte desde 2004, ha cancelado sus actos electorales mientras se investiga si ese policía adscrito a su escolta filtró información a una organización criminal.

«He tomado esta decisión porque prefiero estar a salvo que lamentarlo. No es solo por mí, sino también por la seguridad de los seguidores del PVV (Partido de la Libertad)», explicó hoy Wilders sobre la cancelación provisional de todos sus actos públicos durante las próximas tres semanas de campaña.

La decisión llegó tras la detención de dicho agente, que pertenecía al Departamento de Seguridad y Vigilancia (DBB), equipo especial que se encarga de proteger a los políticos, diplomáticos y miembros de la Casa Real con protección oficial.

Este agente, destinado al grupo de protección de Wilders, tenía un puesto que le permitía acceder a una base de datos altamente sensible, y es sospechoso de haber filtrado información confidencial a una organización criminal holandesa-marroquí.

Aunque se desconoce el tipo de información que pueda estar en manos de ese grupo, conocido principalmente por el tráfico de drogas y blanqueo de dinero, el político ultraderechista sí ha considerado que puede haber riesgo para su vida, la de su equipo y sus seguidores.

Ayer, en la última sesión de debate parlamentario en Holanda, antes de la disolución de la Cámara Baja para dar paso a la campaña electoral, sus colegas le aseguraron que no hay ningún peligro y le pidieron continuar con sus actos políticos con toda normalidad.

«¿Seguro? Lo mismo le dijeron a (el político populista asesinado en 2002 por sus declaraciones antiislamistas) Pim Fortuyn. No sé cuáles son los hechos. Solo me entero por la prensa», criticó.

El policía, Faris K es un holandés de origen marroquí, una nacionalidad objeto de múltiples ataques por parte de Wilders, quien promete en su programa electoral poner fin a la inmigración procedente de Marruecos y tilda de «escoria» a los ciudadanos de ese país.

Faris K. estaba encargado del «escaneo ambiental» de las visitas planeadas por Wilders, lo que consiste en hacer los estudios necesarios de riesgo de los lugares que el político tenía planeado visitar.

«El Gobierno me debe informar primero de lo que ha sucedido. No quiero correr el riesgo de continuar con mis actividades públicas y luego arrepentirme de ello», afirmó Wilders, en declaraciones a la prensa.

Una portavoz del tribunal de La Haya, encargado del caso, ha explicado a Efe que el agente ha quedado en libertad, a pesar de las peticiones de la fiscalía para mantenerlo bajo custodia durante 14 días más, hasta que finalicen las investigaciones.

La corte, que sí cree que violó su cláusula de confidencialidad al compartir información sensible, no consideró necesario mantenerlo preso.

Las apariciones públicas del político populista siempre han sido sensibles, especialmente tras el asesinato en 2004 del cineasta antiislamista Theo van Gogh, a manos de un islamista radical.

Wilders también está en el punto de mira desde la publicación en 2008 de «Fitna», un largometraje en el que el político se muestra muy crítico con el islam.

Se desconoce cuándo y cómo hará campaña electoral Wilders, que ya canceló su asistencia a la mayoría de los debates televisivos de las próximas semanas por diferencias con los medios de comunicación, y tampoco está concediendo entrevistas a los periodistas.

Según una encuesta publicada hoy por IPSOS, Wilders sería el primer ministro preferido por los holandeses, pero solo después del actual jefe del Gobierno, Mark Rutte, quien busca la reelección el 15 de marzo.

Según varios analistas consultados por Efe, Wilders utilizará esta situación a su favor, ya que es un hecho aislado que puede servirle para reafirmarse en su retórica del «problema marroquí» que siempre ha asegurado que tienen los Países Bajos.