TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 27 de mayo, 2017. -La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, interesada en conocer la opinión de todos los sectores relacionados con el proyecto de ley contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, escuchó este viernes la posición del Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP), de la mano de su presidente, Pedro Brache.

La moción, que tras su aprobación en el Senado, con sus respectivas modificaciones, y posteriormente enviado a los diputados, tiene la intención de derogar la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico ilícito de Drogas.

El presidente de la comisión, Henry Meran, explicó que dicha reunión forma parte de una serie de consultas que han programado a los fines de ponderar las opiniones y solicitudes de la ciudadanía en virtud de la pieza legislativa.

En ese sentido, Brache, en representación del CONEP, entregó a los congresistas un documento que encierra todas las recomendaciones del consejo en cuanto al tema señalado.

El escrito señala que el CONEP reconoce la importancia que reviste esta iniciativa legislativa para garantizar la inserción del país en el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre blanqueo de Capitales (GAFI), y al mismo tiempo, pretende llamar a la atención sobre algunos aspectos que deben ponderarse.

Citó que el proyecto de ley define en su artículo 1 varios actos de distintas naturalezas que serían considerados como infracciones y que se tipificarían como infracciones de lavado de activos y serian en consecuencias sancionadas como tales, considerando como infracciones determinantes o precedentes, entre otras el delito tributario, delito contra la propiedad intelectual y  el de medio ambiente.

Del mismo modo, el líder CONEP aseguró que el sector que representa sostuvo varias sesiones de trabajo con el sector gubernamental en las cuales arribaron a diversos acuerdos, que luego no fueron plasmados en la versión del proyecto de ley que recientemente fue aprobado en el Senado.

En ese tenor, consideraron que dentro de la iniciativa se establezcan cláusulas que protejan los derechos fundamentales de todo ciudadano y  que nadie pueda ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos precedentes del lavado de activos según el derecho aplicable.

El CONEP solicitó incluir en el referido proyecto la irretroactividad, “los recursos ilícitos generados por delitos tributarios, medio ambientales, y de propiedad intelectual solo se consideraran susceptibles del lavado de activos cuando los hechos que dan lugar a los mismos hayan sido cometidos a parte de la entrada en vigencia de dicha ley.

Asimismo, que los delitos tributarios, medio ambientales, y de propiedad intelectual, serán considerados infracciones  en caso que hayan generado recursos ilícitos por un monto que exceda el equivalente a mil 500 salarios mínimos del sector publico centralizado. Si se produce más de una infracción en un periodo de un año y el monto total excede el umbral, entonces se considerará como delito precedente.

Merán en nombre de la comisión agradeció a Brache, quien estuvo acompañado de la vicepresidenta del CONEP, Marisol Vicens, y  Ligia Bonetti, de la directiva.