TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 29 de mayo 2017.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que 14 personas están siendo acusadas, entre otras tipificaciones de Enriquecimiento ilícito, asociación de malhechor y lavado de activos.

Por esa razón se  dispuso el arresto de 11 personas y que se solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para tres legisladores a quienes se les implica presuntamente en los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.

Al ofrecer una declaración a la prensa, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que con órdenes judiciales fueron detenidos a primera hora de este lunes Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa. Dijo que también se notificó a la Interpol la solicitud de arresto de Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá.

Rodríguez explicó que este lunes ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y al diputado Alfredo Pacheco, para que respondan ante la Justicia por su presunta implicación en este entramado ilícito.

El procurador explicó que cada una de estas personas están siendo sometidas a la Justicia con expedientes sólidos y bien instrumentados, por haber cometido presuntamente, y en mayor o menor gravedad, todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Señaló que estas infracciones están consignadas en los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Explicó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la declaración de complejidad judicial, lo cual permitiría al Ministerio Público tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones.
Señaló que desde que se pusiera en marcha la investigación, el 26 de diciembre pasado, han trabajado en la investigación más de veinte especialistas dominicanos en distintas áreas, en colaboración con el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Procuraduría no descarta que de esa investigación puedan derivar otros delitos o imputados.
En su declaración pública, Rodríguez reiteró el compromiso de poner toda la información de este caso a disposición de cualquier ciudadano tan pronto como las circunstancias lo permitan.
Además, ha afirmado que la magnitud del caso “no nos amedrenta. Por el contrario, nos da energías renovadas y vigor para seguir trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Reveló que la Procuraduría por primera vez ha puesto a disposición de la ciudadanía un nuevo servicio y espacio específico en la página web de la institución para que cualquier ciudadano o ciudadana, con garantía de anonimato, pueda denunciar casos de soborno, corrupción y otros delitos de la Administración Pública.
El procurador general afirmó que “hemos llegado a esta batalla con la confianza de estar haciendo lo correcto y con la tranquilidad de estar cumpliendo nuestra labor con la máxima responsabilidad”, al tiempo que invitó a la ciudadanía a ser “parte activa de este proceso histórico”.
En su declaración pública, el procurador ha vuelto a renovar su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad: “Pueden estar seguros, este procurador solo está comprometido con la Justicia y con el pueblo dominicano. Y esos dos compromisos son ahora más inquebrantables que nunca”.