TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 05 junio, 2017. -El presidente del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, dijo esperar que la Justicia actúe, tal como se consagra en los principios fundamentales del Código Procesal Penal, con “absoluta imparcialidad e independencia” en el caso de las personas que han sido sometidas por supuestamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fernández, quien gobernó el país en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012, reclamó que dicha actuación sea “en base al principio de presunción de inocencia y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas”.

Emite estos criterios en un artículo de opinión titulado “Odebrecht y el combate contra la corrupción”, en el que sostiene que el PLD ha sido la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.

“Fue en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el PLD, que por vez primera se estableció, en forma clara y precisa en un texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción; y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución”, agrega.

El artículo

El texto de su artículo es el siguiente:

“En estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la solicitud de la Procuraduría General de la República de imponer medidas de coerción a varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido oficial como de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago de sobornos en contraprestación para la adjudicación de obras de infraestructura.

De conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en diciembre del 2016 la empresa multinacional constructora Norberto Odebrecht había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza en el que reconocía que, durante los años 2001 al 2014,  había realizado pagos en distintos países, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura.

Casi al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas actuaban frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador, en el que cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el Ministerio Público de ese país sudamericano de haber incurrido en actividades ilícitas vinculadas a la empresa brasileña.

Pero, con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera, persecuciones en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá, Colombia, México, Argentina y Chile.

Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.

Normalmente, los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de un país, dentro de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos países.