CUBA, 17 de Enero. -Las autoridades desarticularon un red delictiva que vendía actas de nacimiento cubanas falsas a inmigrantes indocumentados para que así pudieran obtener tarjetas verdes de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano haciéndose pasar como refugiados de la isla.

En virtud de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, los cubanos que llegan a Estados Unidos sin visa pueden permanecer en el país y solicitar la residencia después de un año y un día. Este beneficio migratorio está disponible sólo para las personas que puedan demostrar que tienen la ciudadanía cubana.

El caso, que la jueza de distrito Cecilia Altonaga lleva en la corte federal de Miami, ofrece los primeros detalles públicos de lo que se ha convertido en una práctica cada vez más común en el sur de la Florida en la cual extranjeros indocumentados que no son cubanos pretenden ampararse bajo la Ley de Ajuste, haciéndose pasar por cubanos con actas de nacimiento falsas o certificados de nacionalidad o ciudadanía cubana.

Wilfredo Allen, un prominente abogado de inmigración en Miami, dijo que ha representado más de media docena de clientes en los últimos cinco o seis años que han sido acusados por las autoridades de inmigración de tener tarjetas de residencia obtenidas ilegalmente con documentos cubanos falsos.

“Esto ha estado sucediendo desde hace varios años”, dijo Allen. “Pero el problema se ha hecho más evidente después de que algunos extranjeros descubrieron la forma de aprovecharse de la generosidad de la Ley de Ajuste Cubano”.

Allen dijo que las autoridades de inmigración han desarrollado métodos sofisticados para descubrir el fraude en relación con la Ley de Ajuste Cubano. Las autoridades migratorias estadounidenses pueden verificar, si tienen sospechas, si el solicitante está presentando un documento cubano auténtico o falso.

La red, que consistía de cuatro miembros, fue desmantelada en septiembre, cuando agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a los sospechosos, tres residentes de Naples en la costa oeste de la Florida, y uno de Kissimmee, en la región central del estado, y los acusó de conspirar para cometer fraude de inmigración.

A pesar de que todos inicialmente se declararon inocentes, con el tiempo cambiaron de idea y se declararon culpables ante la jueza Altonaga.

Desde entonces, la magistrada ha sentenciado a una de de las acusadas ​​a seis meses en la penitenciaría y dos años de libertad supervisada, incluyendo nueves meses de arresto domiciliario.