TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, CHICAGO, 13 de junio, 2018. -Los arrestos de indocumentados en EE.UU. durante el Gobierno de Donald Trump se han estabilizado en los últimos meses y representan la mitad de las cifras de hace cinco años, cuando el presidente era Barack Obama, según un estudio divulgado ayer por la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

En comparación con los dos últimos años del Gobierno anterior, los arrestos realizados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) son mayores, pero solamente la mitad de los niveles registrados hace cinco años, señala el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la universidad.

En ese entonces regía a pleno el programa Comunidades Seguras, que en seis años deportó a más de 250.000 personas, por lo que el presidente fue llamado “deportador en jefe” por grupos de activistas proinmigrantes.

La información analizada indica que tras asumir Trump la presidencia, los arrestos de ICE promediaron 13.318 por mes entre febrero y septiembre de 2017.

Esto significó un aumento significativo comparado con los años fiscales 2015 y 2016, cuando el Gobierno de Obama reemplazó a Comunidades Seguras por el Programa de Ejecución Prioritaria (PEP), que se enfocaría en deportar a “delincuentes y no familias”.

Sin embargo, afirma TRAC, los arrestos del Gobierno de Trump igualmente están muy por debajo de los años de Obama, cuando llegaron a promediar 25.473 entre los años fiscales 2008-2012.

Con Comunidades Seguras que Trump reimplantó, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) cotejan las huellas digitales de indocumentados detenidos para así solicitar que se les retenga más allá de los plazos establecidos por jueces y fiscales.

Al examinar los tipos de arrestos que se producen actualmente, TRAC señala que siete de cada diez detenciones son casos donde ICE asume la custodia de individuos que ya están a cargo de otra agencia policial.

Este nivel ha cambiado poco desde octubre de 2014, al final de Comunidades Seguras, a pesar de las presiones del Gobierno federal contra las denominadas “ciudades santuario”, para que urbes, condados y estados contribuyan más con las actividades de inmigración, agrega.