El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Luis Ernesto Camilo, confirmó que esa entidad y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ambos afectados por las irregularidades de la compañía, solicitaron a la Procuraduría General de la República que realice los trámites pertinentes en este sentido.

Como primer paso, se emitirá una orden de captura contra el empresario venezolano, propietario de otras líneas aéreas en su país y que actualmente reside en la ciudad estadounidense de Miami, indicó Camilo.

Según explicó, en un primer momento se intentó llegar a un acuerdo con la aerolínea que, tras ser suspendida de operación en enero a causa de la deuda contraída por el impago de las tasas, solicitó un acto de conciliación para establecer un plan de pagos con el que nunca cumplió.

El abril pasado, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, remitió a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo la denuncia del IDAC y de la JAC contra la línea área.

Estas instituciones afirman que el dinero que la compañía debió entregar al Estado en concepto de pago de las citadas tasas eran presuntamente desviados a otro destino.

Según los denunciantes, además de sus instituciones, resultaron afectadas por el incumplimiento de dichos pagos organismos como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Seguridad Social, la empresa Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, entre otros.