TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 28 de diciembre 2018. -El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció esta mañana que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dio a conocer la decisión sobre el recurso de Casación del caso Bahía de las Águilas.
 
El recurso establece que a partir de hoy el Estado Dominicano es dueño único y legítimo de 362 millones de metros cuadrados, que habían pasado a manos particulares por vías fraudulentas.
 
Dijo que siendo la SCJ la instancia más alta de la justicia que puede pronunciarse sobre el caso, se ha confirmado, sin posibilidad de apelación, la decisión que anuló la totalidad de los deslindes y títulos obtenidos de forma fraudulenta por los reclamantes de derechos sobre dicha porción de terreno.
 
“Con este paso, la justicia ha triunfado definitivamente y queda totalmente desmontado el fraude que hace años se cometió con estos terrenos en Pedernales”. Gustavo Montalvo recordó que, en el año 2013, el presidente Danilo Medina decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final, lo que ha permitido que el Gobierno dominicano obtuviera fallos a favor en primer grado, en apelación y, hoy, un fallo final e irrevocable en Casación.
 
“Esta sentencia definitiva, no solo nos llena de satisfacción porque se ha hecho justicia, sino también porque nos abre las puertas para dar el impulso definitivo a los diversos proyectos que necesita y merece la provincia de Pedernales; entre ellos, el anhelado desarrollo turístico sostenible, que, entendemos, mejorará las condiciones de vida de la región suroeste”.
 
Añadió que en los años de gestión se ha trabajado para sentar las bases para este desarrollo, a fin de que sea un proceso ordenado y planificado, y con la sentencia favorable se podrá acelerar la implementación de los planes en marcha, contando con la necesaria seguridad jurídica.
 
Resaltó que la sentencia prueba que el Estado de Derecho funciona en la República Dominicana. En definitiva, esta sentencia nos llena de orgullo y nos muestra el verdadero camino para defender la Patria: el camino de la perseverancia, la defensa de la ley y el trabajo bien hecho.
 
Historia del caso
Gustavo Montalvo hizo un recuento del proceso al señalar que la  historia empezó mucho antes y vale la pena recordar lo que ocurrió para comprender lo logrado en toda su dimensión.
 
Narró que entre 1992 y 1995 varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares, incluyendo terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales.
 
Dijo que, posiblemente en ese momento, este grupo pensó que podría burlar la ley y quedar impune.
 
“Sin embargo, no fue así, porque en 1997 la Dra. Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos”.
 
“Hay momentos en los que la dignidad de todo un pueblo se muestra en un pequeño acto individual. Y este fue uno de esos momentos. Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable”, subrayó.
 
El ministro de la Presidencia expresó el reconocimiento del Gobierno a esas dos mujeres excepcionales, así como al equipo legal que las ha acompañado durante esta larga lucha.
 
“Es justo, igualmente, reconocer la labor del poder judicial, que ha mostrado su alto grado de compromiso, responsabilidad e independencia en cada uno de los fallos. Tengan por seguro que el pueblo dominicano reconoce y agradece la labor de estos magistrados”.
 
Gustavo Montalvo ofreció las declaraciones 
junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional y moderada por el portavoz del Gobierno y director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena.