TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 24 de febrero 2019-.  El procurador general de la República, Jean Rodríguez, recibió la visita de cortesía de una comisión de Transparencia Internacional y de Participación Ciudadana, durante la cual trataron sobre los procesos judiciales por casos de corrupción que se llevan en el país.

La comisión estuvo conformada por la señora Delia Ferreira Rubio, presidente de la Junta de Directores de Transparencia Internacional; por el señor Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, y por el también miembro de esta última entidad, Francisco Álvarez.

En una conversación franca y abierta, el procurador Jean Rodríguez intercambió con la comisión opiniones respecto al tema de la corrupción, coincidiendo que en el caso de Odebrecht sus imputados deben ir a juicio de fondo.

El magistrado Jean Rodríguez, durante el cordial encuentro, que tuvo lugar en su despacho, presentó las mejoras que ha aportado al sistema de justicia dominicano, sobre todo, de las acciones que ha llevado a cabo para fortalecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y eficientizar la lucha contra la corrupción.

Resaltó que desde el inicio de su gestión comenzaron por fortalecer la PEPCA, aumentando en un 24% su personal de carrera e integrando al servicio a decenas de analistas, además de la ampliación de los programas de capacitación para combatir la corrupción de manera más efectiva. 

En ese mismo orden, dijo que a ese órgano especializado del Ministerio Público le han sido suministrados más equipos, vehículos y aparatos tecnológicos para reforzar las labores de investigación, así como la prevención y el combate de ese flagelo.

El jefe del Ministerio Público dijo que en su gestión han aplicado por primera vez, desde su promulgación hace más de 10 años, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión No. 448-06, para perseguir los casos de corrupción administrativa.

En el marco de esa normativa, dijo que han logrado indemnizaciones a favor del Estado dominicano superiores a los 190 millones de dólares, que hoy gran parte de ellos están siendo utilizados para mejorar el sistema penitenciario nacional, a fin de propiciar un clima de mayor seguridad, que logre impactar positivamente la lucha contra la delincuencia en el país.