SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 27 de diciembre, 2013. -El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE),  Reverendo Fidel Lorenzo Merán expresó que el cumplimiento de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, no debe ser decidido por bloques regionales comerciales como lo es el CARICOM porque es un tema constitucional de carácter interno y de soberanía y  que así lo establecen las normas de derecho internacional.

Asimismo, el presidente de CODUE instó a todos los sectores de la sociedad a que se acojan al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ilegales decretado por el Poder Ejecutivo, y abogó por la integración al mismo de organizaciones de la sociedad civil, para que llegue a buen término.

Lorenzo Merán advirtió que  el cumplimiento de esa sentencia no puede ser revocado por foros internacionales, la opinión pública o grupos activistas, porque se corre el peligro de caer en la ilegalidad e irrespetar la Constitución de la República, ya que ninguna de sus disposiciones puede ser revocada por aclamación popular.

 Recordó  que la República Dominicana todavía  no ha logrado ser aceptada en el Caricom (Comunidad del Caribe), pese a su insistencia y ruegos desde hace varios años y que   su presencia en este foro ha sido poco menos que simbólica, por lo que esos legales internos aspectos de la legislación dominicana  tampoco son de su competencia.

“El tema migratorio y discutir o exigir el cumplimiento de una sentencia en un país de la región, no es precisamente uno de los objetivos de  ese foro regional que debería ser precisamente la integración económica de sus países miembros”, indicó Lorenzo Merán, al tiempo de mostrarse de acuerdo con las expresiones dadas por el presidente del Tribunal Constitucional, Doctor Milton Ray Guevara en el sentido de que es incorrecto que la presidenta del CARICOM Kamla Persad Bissessar, solicite al gobierno que deje sin efecto la sentencia 168-13.

Advirtió que tal como lo establece la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes y órganos del Estado.  “Las fórmulas y alternativas para llevar a buen término el cumplimiento de la sentencia deben ser derivadas del respeto a lo que ella misma dispone” señaló.

Agregó que desde hace algún tiempo se ha desvirtuado el carácter obligatorio  de la decisión de ese tribunal, porque muchas veces se ha debatido inadecuadamente y un segmento de la población todavía no entiende su importancia y alcances.