SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 10 de marzo, 2014. -El presidente del Núcleo Nacional de Alguaciles (NAL), Félix Jiménez Campusano, denunció que en la Policía funciona una «mafia» con los desalojos que ordena el Abogado del Estado.

Dijo que cuando los expedientes de desalojos llegan a la Uniformada, son retenidos hasta que las partes interesadas los promuevan con altas sumas de dinero. De lo contrario, les ponen muchos impedimentos.

«Ellos deciden cuáles desalojos se ejecutarán después de que el Abogado del Estado los ordena, convirtiéndose en un tribunal de alzada, constituyendo esa acción en atribuciones de funciones que no son de su competencia», manifestó.

Consideró que «existe un desafío a los propietarios de escasos recursos económicos, a la autoridad judicial, a la prensa y al país. Aparte, cometen usurpación de funciones, corrupción, soborno, extorsión, enriquecimiento ilícito, robos, estafas y abusos de confianza».

«A un propietario le exigieron RD$300,000, y luego trasladaron a los oficiales que recibieron dicha suma, por lo que éste perdió su dinero», contó.

También citó el caso de otro propietario de apellido De los Santos Rosario, un minusválido que no puede valerse por sí mismo, «por lo que nos comprometimos a ayudarle, pero en la Policía los expedientes dan 15 pasos, y ya ese señor los ha recorrido todos, y en diciembre le informaron que por motivos a las navidades estaban parados todos los desalojos».

«Ha intentado hablar con el jefe de la Policía, pero no se lo permiten, ni siquiera ha podido ver a su asistente, el general Natera, cuya secretaria se ha negado a darle los números telefónicos de éste último», se quejó.

Añadió que «esa práctica hace que los agentes policiales, de manera ilícita, reciban los «emolumentos» que les pertenecen a los ministeriales y deciden hasta las estrategias de las ejecuciones, muchas veces siendo analfabetos, ya que buscan imponer su autoridad, desconociendo que son auxiliares de estos».

Jiménez Campusano sugirió la designación de un juez ejecutor de la fuerza pública que ordene que en un plazo de 24 horas la Policía se ponga a la disposición de los curiales sin revisión alguna.