SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 23 de marzo, 2014. -El director general de Migración, José Ricardo Taveras, negó haberle pedido al al presidente Danilo Medina «no humillarse frente al caso haitiano», como publicaron algunos diarios.

Dijo que siempre ha sido un defensor del modo prudente con que Medina ha abordado el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados.

En ese sentido, pidió a la población que confíe en el Presidente, quien según explicó, tiene todo el derecho de estudiar y profundizar de manera dilatada todos los medios posibles para «amortiguar» el impacto internacional del referido fallo.

Enfatizó que sirve al presidente con absoluta lealtad y conciencia técnica, por lo que «nos limitamos a advertir, no al Presidente, sino a los grupos que presionan para que se ignore la institucionalidad, que el Gobierno no debe salir de una crisis mediática que ha logrado distorsionar el contenido de una decisión jurisdiccional, creando una crisis de carácter constitucional, en el caso de que se pondere la posibilidad de un proyecto de amnistía».

«Una medida de esa naturaleza generaría una seria confrontación en el Congreso, cuyos actors, en gran mayoría, suscriben el criterio establecido. Aún en el caso de que pasara un proyecto de esa naturaleza, el Tribunal Constitucional tendría limitaciones constitucionales para desandar sobre sus pasos», manifestó.

Entrevistado en el programa Matinal 5, de Telemicro, dijo que otorgar la nacionalidad dominicana «urbi et orbis» a todo el que haya nacido en territorio nacional «no me parece el mejor consejo que pueda dar una persona que aprecie el Presidente, ya que crearía una confrontación peligrosa, que obligaría al Gobierno a invertir energías, necesarias para el desarrollo del país, para enfrentar un debate innecesario».

«Sencillamente, la institucionalidad no se debe arrodillar ante la presión mediática de pequeños, pero muy poderosos, grupos, sobre todo cuando más del noventa por ciento de la población apoya la decisión que, de manera irrevocable, ha asumido el Estado a través de sus órganos competentes», puntualizó.