SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA,  07 de abril, 2014. -La Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas  Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) advirtió hoy que con la eliminación del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal los legisladores buscan despojar a la ciudadanía de la  facultad de defender el patrimonio público.

El ingeniero Eliseo Cristopher, presidente de COPYECON, asegura que si el Poder Ejecutivo promulga el Código Procesal Penal con las modificaciones aprobadas por los legisladores seria un atentado a la institucionalidad y a la democracia dominicana, por lo que pidió al Presidente Danilo Medina no aprobarlo. 

Aseguró Cristopher, que luego de ser aprobado, durante la reforma del 2002, el artículo 85 “ha sido la única vía disponible para que los ciudadanos y ciudadanas puedan accionar penalmente contra la impunidad en los actos de corrupción y malversación del erario público”.

Indicó que en el referido párrafo tercero se identifica a los ciudadanos como “víctimas de los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos”,  y en esa condición les faculta para constituirse en querellantes, pero que con las modificaciones aprobadas por los congresistas, lo que buscan es impedir que se investigue y persiga la corrupción en la administración pública.

“Entendemos que cambiar el sentido del párrafo tres del articulo 85 atenta contra la ciudadanía y pone en evidencia la debilidad del sistema jurídico dominicano, lo que provocaría un clima de inseguridad y de debilidad institucional, permitiendo el desorden y el crecimiento de los acto indelicados por parte de quienes deben velar por el buen uso de los recursos del Estado”, expresó.

Manifestó que COPYMECON, se opone a la actual aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal y pedimos al presidente que no sea promulgado”, por considerarlo carente de soluciones a los problemas en la justicia dominicana y dar libre albedrío a los funcionarios públicos para que hagan lo que les dé la gana con los dineros del pueblo sin que nadie pueda llamarle la atención.

Por lo que entiende que el problema no está en el papel sino en los actores del sistema procesal penal, razonando  que mientras no se piense en todo el sistema y sus consecuencias a la hora de modificar sus leyes, no habrá cambios significativos.

Cristopher señaló que de ser promulgado tal y como fue aprobado viola la Constitución de la República, cuando dice que “todos somos iguales ante la ley”, entonces por qué acomodar a los funcionarios para que acumulen riquezas mal habidas y no puedan ser sometidos a la investigación por parte de la justicia dominicana.