SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 20 de abril, 2015. -El Ministerio Público logró que fuera impuesto un año de prisión preventiva en contra del propietario de una farmacia localizada en esta provincia, al cual se le imputa la comercialización de medicamentos falsificados.

La coerción fue impuesta por el Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo al señor Félix Manuel Peña Sánchez, propietario de la Farmacia Jared, la cual fue clausurada de manera provisional luego que la pasada semana las autoridades confiscaran un cargamento de medicinas vencidas, reetiquetadas y sin registro sanitario.

El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de la Salud, que dirige el magistrado Rafael Brito Peña, decomisó los medicamentos que fueron valorados en varios millones de pesos, durante un operativo realizado en dicha farmacia junto a inspectores del Ministerio de Salud Pública y miembros de la Dirección de Falsificaciones de la Policía Nacional.

El decomiso incluyó una cantidad considerable de productos para niños, dentro de ellos, leche Infamil, vencida desde el año 2013.

Brito Peña dijo que la farmacia fue clausurada de forma temporal, hasta la intervención de una decisión definitiva al respecto, y refirió que con cuyo cierre son tres los establecimientos que han sido y permanecen cerrados en la provincia Santo Domingo, por violación a la Ley General de Salud número 42-10, modificada por la Ley 22-06, que le dio un carácter criminal al comercio ilícito de medicamentos en la Republica Dominicana.

El representante del Ministerio Público manifestó que esa es una actividad despiadada y criminal “que mata tanto como lo hace el que comercializa con drogas y sustancias controladas y el terrorista que coloca una bomba para matar a gente inocente”.

Sostuvo que son muchas las personas que compran productos con fines terapéuticos, para encontrarse con el caso de que estos no tienen ningún efecto curativo, o peor aún, pueden agravarle su condición de salud, al tratarse de productos que, además de no tener un principio activo adecuado,  es cualquier sustancia nociva que el falsificador se la ingenia para producir dinero a costa de llevarse vidas humanas de por medio.

Advirtió que el Ministerio Publico no descansará en la persecución y judicialización de los responsables de esa práctica, que calificó de criminal.